Tiemblan los que se creían intocables. La administración de Donald Trump elevó la presión contra México y ahora la mira apunta directamente a funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ya no se habla sólo de cancelación de visas, sino de expedientes listos para cortes federales en Estados Unidos.
El mensaje fue lanzado en Sinaloa por Ronald Johnson, quien advirtió que vendrán ’medidas significativas’ contra corrupción y complicidades criminales. La frase cayó como trueno en la clase política mexicana, donde muchos entendieron perfectamente la indirecta.
Entre los señalados figuran Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y señalado como creador de ’La Barredora’, grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación; además de funcionarios del gobierno de Quintana Roo, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. También aparecen bajo ruido político Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, y Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí. Todos rechazan los señalamientos, pero la sospecha internacional ya los alcanzó.
Testimonios y expedientes
En Washington aseguran que fiscales podrían apoyarse en testimonios de capos detenidos, operadores financieros y testigos protegidos. Si eso ocurre, varios nombres que hoy sonríen en eventos públicos podrían amanecer mañana mencionados en documentos judiciales con sello estadounidense.
La revelación de nombres sacudiría el sistema político mexicano, rompiendo pactos internos construidos con silencios, favores y blindajes que parecían eternos dentro del poder nacional. Hoy muchos tiemblan no por la justicia mexicana, sino por la extranjera. Porque cuando en Estados Unidos hablan de ’medidas significativas’, normalmente no se refieren a discursos: se refieren a capturas, acusaciones, decomisos y carreras políticas convertidas en ruinas.
