En medio de recientes movimientos administrativos en organismos adscritos al Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur), persisten cuestionamientos públicos sobre posibles prácticas de violencia de género, hostigamiento laboral y omisiones institucionales dentro de su estructura.
Hace apenas unos días, Aylin Alcántara, exgerente de Cines Siglo XXI, interpuso una denuncia formal por amenazas de muerte a través de redes sociales. Estos hechos, actualmente bajo conocimiento de las autoridades competentes, colocaron su integridad física en una situación de riesgo real y evidenciaron el nivel de confrontación que ha rodeado su caso.
De manera independiente a esta denuncia reciente, trabajadores señalan que durante más de un año y medio se mantuvo una campaña intencional de desprestigio dirigida hacia su persona. Diversas voces internas sostienen que dicha narrativa pública no habría sido casual, sino funcional para concentrar la atención mediática en su figura mientras otras decisiones cuestionables y prácticas administrativas dentro del recinto permanecían fuera del debate público.
A muchas voces y comentarios de trabajadores del recinto. Desde su ingreso al cargo, Alcántara se habría enfrentado a un entorno caracterizado por desacreditación constante, cuestionamientos a su capacidad profesional y expresiones misóginas por parte de figuras masculinas dentro de la estructura administrativa. Según testimonios coincidentes, las dinámicas incluyeron presión jerárquica desproporcionada, difusión de rumores y desgaste sistemático de su imagen profesional.
En este contexto, y aprovechando los días en que la atención pública se encontraba centrada en las campañas de desprestigio contra la exgerente, se registró el despido de más de 20 trabajadores del recinto, entre ellos mujeres y hombres con años de antigüedad, incluyendo personas de mayor edad que habían dedicado gran parte de su trayectoria laboral a la institución. Para parte del personal, estos movimientos administrativos se realizaron en un momento estratégico, cuando el foco mediático estaba dirigido hacia ataques personales y no hacia los cambios internos que se estaban ejecutando..
La situación no se limita a un caso individual. Trabajadoras de distintas áreas de Cultur manifiestan sentirse cansadas y vulneradas ante prácticas reiteradas de acoso laboral con componente de género. Refieren que mientras a los hombres no se les asignan cargas extraordinarias ni se les somete al mismo nivel de cuestionamiento, a las mujeres se les sobrecarga de funciones, se les exige bajo estándares más severos y, en algunos casos, se les expone a tratos humillantes. Esta desigualdad es descrita como evidente y sistemática.
Asimismo, múltiples empleados han decidido separarse voluntariamente de sus cargos debido al ambiente laboral hostil y a la percepción de despidos injustificados. Las denuncias presentadas ante Recursos Humanos y superiores jerárquicos, según versiones internas, no habrían derivado en la activación efectiva de protocolos de prevención o protección con perspectiva de género, fortaleciendo la percepción de permisividad institucional frente a la violencia laboral.
Especialistas en derecho laboral y derechos humanos recuerdan que las instituciones públicas están obligadas a garantizar entornos libres de violencia, proteger la dignidad de las personas trabajadoras y actuar con diligencia reforzada ante señalamientos de hostigamiento y violencia de género. La prevención no es opcional: es una obligación legal.
En este escenario, diversas voces formulan una interrogante que permanece abierta: más de un año y medio de campañas de desprestigio dirigidas contra una joven servidora pública, ¿a quién se señalará ahora? Trabajadores consideran que no fue casual que la atención se concentrara en una figura que sabían que iba a contar con impacto mediático. Mientras la narrativa pública se enfocaba en ataques personales, otras decisiones internas y muy cuestionables quedaban en segundo plano. Hoy, tras su salida, surge la duda sobre cuál será el nuevo foco de distracción y si finalmente se transparentarán las acciones que durante ese tiempo pasaron desapercibidas.
La exigencia es clara: investigación independiente, revisión de los despidos recientes, aplicación real de protocolos contra la violencia de género y garantía efectiva de un ambiente laboral digno y seguro para todas las personas trabajadoras.
