El Grupo de Trabajo sobre No Devolución (GTDND) presentó hoy el informe ’El principio de no devolución en México 2024’, en el que documenta violaciones sistemáticas al derecho al asilo internacional y prácticas que ponen en riesgo la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de miles de personas que buscan protección internacional en el país. De acuerdo con el informe, durante 2024 se profundizaron prácticas institucionales que contravienen el principio de no devolución —base del derecho internacional de las personas refugiadas— y que exponen a personas reconocidas como refugiadas y a solicitantes de asilo a graves situaciones de vulnerabilidad.
Una de las principales alertas del informe descansa en la suspensión de la entrega de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), documento indispensable para que las personas solicitantes de asilo acrediten identidad y estancia regular en el país hasta en tanto concluye su procedimiento de reconocimiento ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Mientras en 2023 se otorgaron 94,829 tarjetas, en 2024 únicamente se entregaron 618, pese a que la COMAR recibió 78,975 solicitudes de asilo internacional. Esta carencia documental deja a las personas expuestas a detención, traslados forzosos y deportación, así como a la exclusión de servicios esenciales como salud, educación, empleo formal, e incluso trámites básicos como denuncias o consultas médicas.
El GTDND también advierte sobre una ’zona gris’ legal entre el prerregistro y la admisión formal de las solicitudes de asilo. La eliminación del sistema de citas y la falta de reconocimiento de estos prerregistros por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) dejan a miles de personas sin constancia alguna de su intención de solicitar asilo, situación que las coloca en riesgo inminente de detención y devolución, pese a manifestar necesidades de protección.
A lo anterior se suma la falta de comunicación adecuada por parte de la COMAR, especialmente tras el cambio de sede en la Ciudad de México entre mayo y agosto de 2024. La reanudación del sistema de firmas no fue comunicada de manera clara, lo que derivó en el cierre injustificado de expedientes y acuerdos de abandono de procedimiento a personas que no fueron informadas oportunamente.
El informe subraya que la detención migratoria se utiliza como mecanismo de control y antesala de la devolución, y no como medida excepcional. En 2024 se registraron 925,085 eventos de detención migratoria, un aumento del 20% respecto a 2023. Las organizaciones documentamos revisiones migratorias ilegales en carreteras, privaciones de libertad sin debido proceso, incomunicación, falta de intérpretes, ausencia de representación legal y traslados prolongados —especialmente desde la frontera norte hacia estaciones migratorias en el sur del país— que sobrepasan las 36 horas permitidas y, en numerosos casos, constituyen desapariciones forzadas de corta duración. Estos traslados a zonas sin redes de apoyo dificultan el acceso a albergues, a la protección y al ejercicio del derecho a la defensa.
Las afectaciones son especialmente graves para niñas, niños y adolescentes, quienes en ocasiones han sido devueltos sin evaluación de su interés superior; y para mujeres sobrevivientes de violencia de género, quienes han sido retornadas a contextos de riesgo sin un análisis adecuado de protección. A esto se suma la falta de información clara sobre derechos, entrevistas deficientes y ausencia de herramientas para identificar casos con necesidades de protección internacional o víctimas de trata, violencia extrema o persecución.
El GTDND señala que las prácticas documentadas revelan una política migratoria que prioriza la contención por encima de la protección, sin mecanismos efectivos de prevención de violaciones de derechos humanos, sanción o reparación del daño frente a devoluciones ilegales. También advierte sobre la grave falta de coordinación entre la COMAR y el INM, lo cual genera barreras adicionales y coloca a las personas en un limbo administrativo.
’El Estado mexicano tiene la obligación internacional de no devolver a ninguna persona a un lugar donde su vida o integridad corran peligro. Las prácticas documentadas muestran que esta obligación se vulnera de manera sistemática. Urge una política migratoria basada en derechos humanos, no en contención y disuasión’, señaló el Grupo de Trabajo.
El GTDND hace un llamado al Estado mexicano para que garantice recursos suficientes a la COMAR, restablezca la entrega de documentación humanitaria, asegure la interoperabilidad entre instituciones migratorias y de protección internacional, elimine barreras de acceso al asilo y garantice representación jurídica efectiva para todas las personas que ingresan al procedimiento. Asimismo, exhorta a implementar mecanismos de rendición de cuentas y reparación, además de asegurar evaluaciones del interés superior de la niñez y la protección de mujeres sobrevivientes de violencia. Conoce los informes de 2022 y 2023.
