Decenas de Instituciones de Educación Superior (IES) han denunciado en los últimos meses un patrón de acoso administrativo y abuso de autoridad por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por el secretario Mario Delgado. Según directivos universitarios, la Dirección General de Profesiones (DGP), bajo la conducción de José Omar Sánchez Molina, ha rebasado sus facultades legales, sometiendo a las universidades a un laberinto burocrático sin sustento normativo.
Las denuncias apuntan directamente a Israel Jerónimo López, funcionario de la DGP, quien ha emitido oficios y aplicado medidas que exceden sus atribuciones legales, en un contexto de omisión institucional desde los niveles más altos de la SEP. Esta situación, advierten las IES, pone en riesgo la estabilidad del sistema de educación superior.
El conflicto se intensificó con la llamada ’Jornada Nacional de Actualización’, presentada como un ejercicio de revisión de títulos universitarios, pero que en la práctica se ha convertido en una campaña de presión masiva. Las solicitudes de información se han multiplicado hasta exigir la entrega digital del 100 % de los expedientes de egresados —incluidos los de las décadas de 1960 a 1990— en plazos de apenas 5 o 10 días hábiles, lo cual resulta inviable para instituciones que en ese periodo solo contaban con archivos físicos.
A esta exigencia desproporcionada se suma un patrón de irregularidades: los oficios llegan con fechas manipuladas o retroactivas, haciendo que los plazos legales venzan antes de que el correo sea recibido. En algunos casos, el correo indica 10 días para responder, mientras el documento adjunto marca 5; en otros, la notificación llega después de expirado el plazo.
Incluso cuando las instituciones logran cumplir con los requerimientos, enfrentan nuevas exigencias o amenazas de cierre del Módulo Electrónico de Títulos (MET), bajo el argumento de que ’no respondieron’ o que la información está ’incompleta’. Esto ha generado sobrecarga operativa, incertidumbre y afectaciones directas a estudiantes que no pueden titularse ni obtener su cédula profesional.
Desde marzo de 2025, la DGP ha introducido cambios unilaterales en sus procesos administrativos sin publicarlos ni incorporarlos a su manual de procedimientos. Los nuevos formatos —denominados ’layouts’— fueron comunicados informalmente por WhatsApp, sin capacitación ni circular oficial. Además, se eliminó el trámite presencial sin previo aviso, reemplazándolo por un supuesto proceso ’digital’ que en realidad consiste en el envío de correos y oficios sin trazabilidad ni registro oficial.
La DGP ha comenzado a negar el registro de programas académicos previamente aprobados por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), única instancia con facultades legales para evaluar planes de estudio. En contraste, la DGP carece de atribuciones académicas, pues su función se limita a vigilar el ejercicio profesional.
Pese a ello, la DGP ha asumido funciones de supervisión académica: revisa cargas crediticias, cuestiona mapas curriculares y exige documentación estructural como planos y constancias de uso de suelo, en una clara extralimitación de competencias.
Otro foco de conflicto son los exhortos. Cuando las escuelas no logran cumplir los plazos, reciben oficios que advierten sobre la posible suspensión de sus cuentas en el MET, afectando el registro de títulos y la titulación de sus egresados. Estos documentos citan el Artículo 5° Constitucional como fundamento, aunque no existe disposición legal que autorice a la DGP a imponer sanciones o suspensiones.
Paradójicamente, al final de cada oficio, tras la amenaza de bloqueo, se incluye una frase que ’invita’ al diálogo: ’se procederá a la suspensión del Módulo Electrónico de Titulación (MET) y se les informa que conforme a derecho resulte procedente, se les otorgará la audiencia correspondiente’. Para las universidades, esta fórmula representa un doble discurso institucional: primero se paralizan los trámites y luego se ofrece una audiencia tardía, condicionada y sin efectos reales.
Desde abril, la plataforma oficial para actualizar datos institucionales permanece cerrada, lo que impide modificar correos de contacto o corregir errores. Los oficios siguen enviándose a direcciones inactivas, y la falta de respuesta se usa como argumento para sancionar.
’Las escuelas están sorprendidas, asustadas, frustradas, víctimas de una violencia incluso psicológica. Hicieron un esfuerzo enorme para escanear todo como se les pidió, sin dormir durante días, y aun así reciben amenazas de exhorto porque en la DGP no tienen control de quién respondió’, señala el representante de una de las IES.
El impacto trasciende lo administrativo. Miles de estudiantes permanecen en espera de sus documentos de titulación, las instituciones enfrentan costos crecientes y el clima de hostigamiento pone en riesgo la estabilidad del sistema de educación superior privado en México.
Ante esta situación, las universidades afectadas exigen la intervención inmediata del secretario Mario Delgado para detener las prácticas irregulares, reabrir la plataforma MET, restablecer los procedimientos formales y revisar la actuación de José Omar Sánchez Molina y su equipo en la Dirección General de Profesiones, antes de que el conflicto escale hacia un colapso institucional de mayores proporciones.
