El inminente incremento a la tarifa del pasaje en el transporte público de Jalisco, bautizado como el ’tarifazo’, ha dejado de ser un simple ajuste económico para revelarse como el sello de una administración que ha decidido priorizar los balances financieros de una élite por encima de la supervivencia de las familias.
Bajo el mando de Jesús Pablo Lemus Navarro, se ha formalizado un golpe directo al bolsillo de quienes menos tienen, imponiendo una tarifa de 14 pesos que la economía popular no puede soportar.
Este movimiento no es casualidad; es la consolidación de una visión empresarial estratégica, donde el transporte es un coto de poder operado por Diego Monráz Villaseñor y el polémico ’Grupo de los 10’, una cúpula que dicta la política de movilidad a espaldas del clamor social.
La reestructuración del modelo "ruta-empresa" ha servido de coartada perfecta para la desaparición de más de 60 rutas tradicionales que antes conectaban de forma directa a las colonias periféricas con sus centros de trabajo.
Con el pretexto de convertirlas en "rutas alimentadoras" para beneficiar a las empresas operativas del sistema Tren Ligero, Macrobús y Peribús, el gobierno ha desmantelado una red de conectividad histórica para obligar al usuario a un sistema de transbordos forzosos.
Esta maniobra no solo ha extendido los tiempos de traslado, sino que ha fragmentado la movilidad de miles de ciudadanos, quienes ahora se ven obligados a caminar distancias mayores y esperar en paradas desoladas debido a que sus rutas de confianza fueron borradas del mapa en aras de alimentar los grandes negocios ocultos detrás del novedoso modelo del transporte masivo.
Al eliminar las trayectorias directas, el usuario queda cautivo de un sistema de prepago que, mediante tarjetas únicas, centraliza un flujo de dinero que nadie explica con claridad.
Mientras tanto, las máquinas de cobro —señaladas como "rateras" por no devolver el cambio— operan como el engranaje de un jineteo de recursos que asfixia tanto a los pasajeros como a los transportistas pequeños, hoy subyugados a una cúpula que se beneficia de la centralización de los recorridos hacia las líneas troncales, dejando a las colonias populares en un estado de aislamiento operativo.
Resulta insultante que la autoridad apele a la desmemoria: el aumento previo de 7 a 9.50 pesos estuvo condicionado a 18 puntos de mejora obligatoria que terminaron en el olvido.
Actualmente, sin haber cumplido con las rampas para personas con discapacidad, aire acondicionado o el internet prometido, y con 60 rutas menos en las calles, se les premia con un nuevo incremento basado en la misma retórica reciclada ’ahora si mejoraremos el servicio’.
La desconexión de los funcionarios es absoluta; desde sus vehículos de lujo, son incapaces de experimentar la asfixia de transbordar hasta cuatro veces para llegar a un destino que antes requería un solo camión.
El modelo "Mi Movilidad" o ’Mi Transporte’ se revela, así como un millonario fraude al "estilo Jalisco", donde la modernidad es solo una fachada para ocultar el despojo de la conectividad básica de la clase trabajadora y las miles de familias de bajos recursos.
