Una ex Miss Universo, una indígena y dos de la tercera edad, quieren gobernar
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Por Jorge Herrera ValenzuelaSábado, 17 de Abril de 202115:20 hrs1 min lecturaÁlvaro Obregón
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Las elecciones del 6 de junio serán históricas porque estarán en juego 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más de mil presidencias municipales, cientos de diputaciones locales y 16 Alcaldías de la Ciudad de México. A ello agregamos que será la primera ocasión en que participen 50 mujeres que van tras las gubernaturas. La cifra establece un record mundial.
De 1979 a este pandémico 2021, en México, siete mujeres han gobernado en los Estados y dos en la Capital del País. La primera electa fue la profesora, poeta y escritora guadalajareña Griselda Álvarez Ponce de León, en la costera entidad de Colima. La última que triunfó en las urnas fue la poblana Martha Erika Alonso Hidalgo, quien despachó en Puebla durante escasos 10 días.
La profesora Griselda murió en la Ciudad de México, a unos días de cumplir 96 años. Es una de las 8 mujeres que están inhumadas en la Rotonda de las Personas Ilustres. Martha Erika pereció al desplomarse el helicóptero en que viajaba, junto con esposo y exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valles Rosas, hacia la Ciudad de México, el 24 de diciembre de 2018.
En un panorama donde muchos aspirantes al Poder Judicial optan por la distancia y el protocolo, Gisela Correa Ruiz ha decidido apostar por la cercanía y el contacto directo con la ciudadanía.
’No estoy aquí por un apellido ni por pertenecer a la cúpula del poder; estoy aquí porque creo en una justicia que sirva de verdad a la gente’, expresó al inicio de su intervención.
Ricardo Garduño Pastén contiende para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; su nombre aparecerá junto al número 47 en la boleta morada el 1 de junio; éstas son algunas de sus propuestas.
Mientras muchas y muchos aspirantes al Poder Judicial del Estado de México apuestan por el escritorio y el protocolo, Erika Icela Castillo se ha volcado al territorio.
Su propuesta se centra en el fortalecimiento de los procesos judiciales, la implementación de nuevas estrategias de gestión de casos, el análisis de iniciativas de ley y la generación de precedentes jurídicos que contribuyan a combatir las desigualdades y garantizar un verdadero acceso a la justicia.
