Más de mil ejidatarios del municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, denunciaron públicamente presuntas irregularidades y "peritajes de escritorio" por parte de la Procuraduría Agraria, en el marco de un litigio por 65.7 hectáreas contra la familia Pérez Lizaur.
Los afectados señalan que el personal técnico ha omitido los estudios de campo obligatorios, basando sus dictámenes en documentación presuntamente apócrifa para favorecer un intento de despojo de sus tierras legítimas.
La tensión aumentó tras la suspensión de una segunda orden de ejecución el pasado 26 de febrero, emitida por la magistrada Ana Lili Olvera, del Tribunal Unitario Agrario Distrito 10 de Tlalnepantla. Dicha diligencia, que pretendía ocupar los terrenos con apoyo de la fuerza pública municipal, no se llevó a cabo debido a la inasistencia del actuario de la parte demandante. No obstante, los ejidatarios advierten que el acto jurídico podría ser reprogramado para las próximas semanas.
Integrantes de la Comisión Ejidal, entre ellos Juan Garfias y Andrés Colín, explicaron que el conflicto tiene su origen en una revisión de colindancias iniciada en julio de 2025.
Aunque la magistrada Olvera solicitó inicialmente peritos neutrales de la UNAM y el IPN, la carga de trabajo de estas instituciones derivó en la designación de un perito de la Procuraduría Agraria. Según los denunciantes, dicho funcionario no ha asistido ni un solo día a los terrenos para realizar el deslinde físico, limitándose a validar la información entregada por la contraparte.
’Las autoridades prometieron un peritaje basado en actas de deslinde y carpetas básicas, pero lo están haciendo con tecnología desde una oficina, sin trabajo previo de campo’, señalaron los afectados. Los ejidatarios aseguran poseer títulos de propiedad y libros históricos que avalan la posesión de las tierras desde hace más de un siglo, documentos que ya han sido entregados al Archivo Nacional Agrario para su cotejo.
A la complejidad del caso se suma una posible ruptura interna. Los manifestantes acusaron al actual Comisariado Ejidal, encabezado por Jesús López, Alejandro Márquez y Armando Soto, de actuar de forma deliberada para beneficiar a la familia Pérez Lizaur.
Denunciaron que los representantes han faltado a las citas para tramitar sus firmas electrónicas ante el Poder Judicial, requisito indispensable para la defensa legal del ejido. Incluso, señalaron que el presidente del Comisariado se negó abiertamente a firmar los documentos necesarios tras recibir "asesoría externa".
Ante una tercera cita para llevar a cabo dicho trámite el próximo 11 de marzo, los ejidatarios consideran que los representantes del comisariado ejidal podrían deliberadamente hacer este tipo de omisiones, con el fin de beneficiar la causa de la familia Pérez Lizaur, a pesar de tener un compromiso con los ejidatarios en su proceso legal por defender sus tierras del despojo que se les pretende hacer.
Ante el riesgo inminente de perder su patrimonio, la asamblea de ejidatarios informó que ya analiza una nueva estrategia legal para frenar las acciones del Tribunal Agrario de Tlalnepantla.
Advirtieron que no permitirán el despojo de las hectáreas y exigieron que el proceso se conduzca con transparencia, basándose en la realidad física de los terrenos y no en documentos que calificaron como ilegibles y carentes de coordenadas reales.
