Traspiés de los ’nuevos’ ministros’

Dice el refrán ’no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas’. Ese dicho deberían tenerlo muy presentes los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes a poco más de tres meses de iniciar en sus funciones han cometido varios traspiés, errores, desmentidos y exhibiciones de su falta de ’austeridad’.
Cuando se instaló el actual Pleno de la SCJN, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz se comprometió a encabezar un Poder Judicial austero, transparente, honesto y cercano al pueblo, pero una serie de situaciones han contravenido estos supuestos principios, alentados por la autollamada Cuarta Transformación, los cuales han sido incumplidos en varios casos.
Algunos no pueden ser ni justificados ni, mucho menos, defendibles al ser públicos y ser evidenciados por su propio peso, como han sido las erratas y caprichos de Lenia Batres –la ’ministra del pueblo’– en las sesiones del Pleno, o el cómodo viaje de Loretta Ortiz Ahlf en primera clase premier a Costa Rica, para participar en la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026 y Primera Edición del Seminario Interamericano de Derechos Humanos.
Otras situaciones que pueden ser consideradas como ’errores administrativos’, por no haberse sido atendidos y resueltos de forma preventiva, como el presunto retrato al óleo de Batres, que de acuerdo con documentos difundidos ya se había acordado e, incluso, pagados los 40 mil pesos, pero una vez hecho público el convenio, se ’aclaró’ que no se realizó por ’compromisos y actividades previamente programadas’, de la pintora Diana Carolina López.
Otro hecho relevante fue la compra de nueve camionetas de lujo y blindadas, y aunque se especuló que costaron 3.5 millones de pesos, Aguilar Ortiz aclaró que se pagó 2.4 millones por cada una, un gasto total de 21.6 millones de pesos, además negó que tengan placas del estado de Morelos. Lo que no se precisó es cómo se desarrolló el proceso de adquisición.
Incluso, recientemente se han dado a conocer otros gastos, como los 1.2 millones de pesos por el ritual a Quetzalcóatl del 1 de septiembre pasado, cuando los ministros recibieron de líderes de comunidades indígenas un bastón de mando en una ceremonia tradicional o, la adquisición de doce togas para los ministros entrantes, con costo unitario de entre 22 mil y 24 mil pesos, seis para sesiones extraordinarias y seis para sesiones ordinarias.
Estos son algunas situaciones en que han incurrido los ministros de la actual SCJN pero, lamentablemente, no puede decirse que son los únicos porque quizá haya otros desconocidos, como tampoco los últimos ya que siempre ellos pueden caer en nuevas situaciones irregulares.
Posiblemente si la SCJN en lugar de mantener sus actividades y trámites administrativos y financieros ocultos y practicaran no solo la transparencia, además anticipadamente detallaran sus programas y acciones por ejecutar, aunque no se eliminarían totalmente las críticas, al menos serían menos severas porque sus motivos ya habrían sido expuestos adecuadamente.
Incluso, como en el caso de las camionetas de lujo, podrían haber rectificado y adquirido vehículos menos ostentosos, que resultarían más económicos, hasta con blindaje con el argumento de que sus antecesores tenían unidades en esas condiciones, lo cual podría ser socialmente admitido por las funciones que desempeñan.
Lo que resulta evidente es la falta de tacto y criterio político de los nuevos ministros para desarrollar y desempeñar no solo con sus responsabilidades, también para cumplir con los principios de la 4-T, de las cuales como muchos de sus seguidores, militantes y funcionarios morenistas simplemente los ignoran y hacen lo que sus intereses particulares les dictan.