La base trabajadora de la Clínica Médica Familiar ISSSTE (CMF) de Texcoco ha manifestado su inconformidad respecto a presuntas irregularidades administrativas y un ambiente laboral hostil generado por la Subdirectora Administrativa, María Guadalupe Carrillo Cruz.
A través de un escrito dirigido a Marti Batres Guadarrama, Director General del ISSSTE, los empleados exigen la atención urgente de sus denuncias, solicitando el cese del acoso y hostigamiento laboral, así como la destitución inmediata de la funcionaria. Argumentan que, desde su llegada, han experimentado un incremento del estrés laboral, afectando su desempeño y bienestar.
Como parte de su manifestación, los trabajadores colocaron una lona en la fachada de la unidad médica familiar, conocida como la clínica del ISSSTE, donde denuncian públicamente las irregularidades y el clima laboral adverso dentro de la institución. En el mensaje expuesto, reafirman sus demandas de justicia y transparencia en la administración del centro de salud.
Otra de las preocupaciones expresadas es la presunta permisividad de la administración ante conductas inapropiadas dentro de la clínica. Se señalan casos de ausencias injustificadas, consumo de alcohol dentro de áreas de trabajo y falta de equidad en la asignación de tareas. Según los denunciantes, estas acciones han afectado el servicio y la atención a los derechohabientes.
Los empleados han solicitado una intervención inmediata por parte de las autoridades competentes, con el objetivo de esclarecer estas acusaciones y garantizar condiciones laborales justas dentro del ISSSTE.
Los trabajadores han señalado casos de favoritismo en la asignación de comisiones, acusando posibles actos de nepotismo. Según sus declaraciones, ciertas comisiones fueron suspendidas con el argumento de falta de presupuesto, mientras que otros empleados con vínculos personales con la dirección sí recibieron asignaciones.
Asimismo, denuncian expresiones de violencia de género, señalando comentarios despectivos por parte de la administración, así como presuntas irregularidades en la renovación de contratos. Alegan que esto se ha utilizado como una forma de intimidación para evitar la destitución de ciertos funcionarios.
