El Tijeretazo Político
Joaquín Bojorges
En los últimos meses, las voces de cientos de egresados de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García han resonado con fuerza frente a Palacio Nacional y en distintos medios comunitarios. Su reclamo es claro y urgente: exigen la entrega de títulos y certificados que les permitan ejercer profesionalmente.
El problema, sin embargo, es doble. Por un lado, la mayoría de los egresados aún no recibe sus documentos oficiales, a pesar de haber concluido sus estudios hace hasta tres años. Por otro, los pocos que sí han recibido títulos descubren que estos no están registrados en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, lo que les impide tramitar la cédula profesional. En la práctica, se trata de papeles sin validez jurídica ni laboral.
Las Universidades Benito Juárez nacieron como parte de la política educativa de la llamada ’Cuarta Transformación’, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior en comunidades marginadas. Sin embargo, la falta de títulos y registros ha convertido esa promesa en frustración.
La situación de los egresados de las Universidades Benito Juárez se caracteriza por retrasos significativos en la entrega de títulos y certificados, lo que ha generado una crisis de confianza en el proyecto educativo. Mientras que en las universidades públicas tradicionales los títulos suelen entregarse en un plazo de seis a doce meses y se registran de manera formal en la Secretaría de Educación Pública, en las Benito Juárez los documentos tardan más de tres años en emitirse y, en muchos casos, ni siquiera aparecen en el Registro Nacional de Profesionistas.
Esta diferencia tiene consecuencias directas: los egresados de las universidades tradicionales pueden acceder a empleos en su área de formación, mientras que los de Benito Juárez se ven impedidos de ejercer legalmente, obligados a aceptar trabajos ajenos a su preparación. El retraso administrativo y la falta de reconocimiento oficial convierten los títulos en papeles sin valor práctico, afectando tanto la vida laboral como la credibilidad institucional.
En síntesis, el contraste entre ambas realidades muestra que la deuda pendiente de las Universidades Benito Juárez no es solo la entrega de documentos, sino su plena validez jurídica y profesional.
El proyecto de las Universidades Benito Juárez buscaba dignificar el derecho a la educación. Hoy, sin embargo, enfrenta una crisis de credibilidad. Los egresados denuncian que se les entregan títulos simbólicos, pero sin valor práctico, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad y desamparo.
La protesta no es solo por un documento: es por el reconocimiento pleno de su esfuerzo académico y por la posibilidad de ejercer la profesión que eligieron. En cada marcha y en cada denuncia pública, se escucha el mismo clamor: ’Queremos títulos válidos, queremos cédulas, queremos futuro’.
La deuda pendiente de las Universidades Benito Juárez no es menor. Se trata de la credibilidad de un proyecto educativo nacional y del destino profesional de miles de jóvenes. Mientras no se resuelva la entrega y el registro oficial de títulos, la promesa de educación gratuita y digna seguirá siendo un ideal incumplido.
