El próximo 12 de agosto se llevará a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez en la que Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), buscará una ’solución alterna’ que le permita liberarse del proceso penal que enfrenta por su responsabilidad en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez donde murieron 40 personas y 42 sobrevivieron (27 hombres y 15 mujeres).
La Suspensión Condicional del Procedimiento (’solución alterna’), establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene por objetivo detener la persecución y proceso penal en contra del acusado y extinguir la acción penal. Francisco Garduño –a diferencia de los otros involucrados– no se le investiga por homicidio ni lesiones, sino por ejercicio ilícito del servicio público, por lo que la clasificación del delito para él es más benéfica, cuando su responsabilidad debería ser mayor a la de todos los imputados en el caso.
Como organizaciones acompañantes de las víctimas del incendio consideramos que al no estar concluidas las investigaciones aún no queda claro hasta dónde llegó su responsabilidad en los hechos, por lo que sostenemos que el juez debe negar –como ya lo hizo antes– la ’solución alterna’, pues ésta tendría efectos absolutorios, es decir, ya no se le investigaría más ni se le sancionaría, incluso si después de concluidas las investigaciones se determinará una responsabilidad mayor en la tragedia.
El 30 de abril de 2023, el Comisionado fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, como parte del proceso penal del incendio ocurrido el 27 de marzo de ese año.
Dentro del proceso, en septiembre de 2023, Francisco Garduño promovió la primera ’solución alterna’, en la que se comprometía a pagar la diferencia del valor de los daños materiales del inmueble establecidos entre el perito de la Fiscalía General de la República (FGR) y la empresa
aseguradora a cambio de detener la investigación en su contra, sin tomar en cuenta la reparación del daño a las y los sobrevivientes y las familias de los migrantes fallecidos. Ahora, por segunda ocasión, vuelve a solicitar audiencia para discutir se le pueda otorgar una suspensión condicional - aún cuando existe una suspensión definitiva de todos los procesos penales del caso otorgada por un Juzgado de Distrito- y sin la presentación de un plan de reparación del daño a favor de las familias de los 40 migrantes fallecidos y los 27 sobrevivientes.
Las organizaciones que hemos asumido la representación jurídica de sobrevivientes y familias de personas fallecidas hemos llamado a las diferentes autoridades a no permitir la impunidad de la que goza Francisco Garduño y el INM ante las graves violaciones a derechos que han redundado en muertes al interior de las estaciones migratorias, incluso posterior al incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez. La FGR debe terminar el proceso de investigación que culmine en un juicio justo para las víctimas.
Francisco Garduño Yáñez se ha caracterizado por su falta de rendición de cuentas, como lo demuestran los 30 llamados y puntos de acuerdo que desde el Poder Legislativo le han hecho para que comparezca, los cuales ha ignorado. Los operadores de justicia que protegen los derechos de las víctimas deben evitar dar el mensaje que en México la impunidad impera sin importar la gravedad de los hechos. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el incendio fue calificado como grave violación a derechos humanos en su Recomendación
111VG/2023.
A 16 meses de los hechos, once personas de mandos medios y bajos, incluidos dos migrantes, continúan en detención acusados de homicidio y lesiones. Sin embargo, Antonio Molina, excoordinador de Control y Verificación Migratoria, se encuentra prófugo, y Francisco Garduño lleva su proceso en libertad y sigue en funciones.
