La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) celebró la adopción de las conclusiones de la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), que se desarrolla en la sede de Naciones Unidas en Nueva York del 9 al 19 de marzo. El documento busca fortalecer el acceso a la justicia para mujeres y niñas, pero la organización lamentó la exclusión del lenguaje interseccional que reconocía las vulnerabilidades específicas de las mujeres en condición migratoria.
La CSW es considerada el espacio clave para definir normas internacionales en materia de igualdad y evaluar los avances de la Plataforma de Acción de Beijing. En esta edición, el debate se centra en consolidar sistemas jurídicos inclusivos y eliminar leyes y prácticas discriminatorias.
No obstante, la RMMSyM denunció que el actual paradigma de militarización y externalización de fronteras, impulsado por Estados Unidos y respaldado por gobiernos de la región, limita el acceso a la justicia de mujeres migrantes y refugiadas. Según la red, estas políticas mantienen restricciones al derecho de asilo, exponen a rutas bajo control criminal y perpetúan deportaciones forzadas. Incluso, señalaron que el gobierno estadounidense intentó frenar la adopción de las conclusiones y eliminar el lenguaje incluyente.
Las cifras son alarmantes
Un monitoreo territorial realizado por la red revela que:
- 69% de las víctimas de amenazas no presentan denuncias.
- 40% evita denunciar por temor a represalias.
- 38% considera que no obtendrá justicia.
Además, las instituciones de justicia muestran debilidades críticas: 43% de las defensorías carecen de protocolos de asistencia jurídica y 29% no incorpora un enfoque de género.
La organización subraya que, ante la inacción estatal, las redes feministas y comunitarias han asumido el rol de protección y acompañamiento, tejiendo mecanismos de cuidado multisectorial.
La RMMSyM hizo un llamado enérgico a los Estados miembro de la ONU para avanzar hacia una ’justicia sin fronteras’, con cuatro medidas prioritarias:
1. Desvincular el control migratorio del acceso a la justicia, garantizando que denunciar violencia de género no implique detención o deportación.
2. Financiar servicios esenciales como defensa legal, salud, trabajo y educación, con programas gratuitos y especializados.
3. Fortalecer la protección en el territorio, especialmente en refugios y centros comunitarios.
4. Facilitar la regularización sin barreras, aplicando la Declaración de Cartagena con una interpretación amplia de la violencia de género.
’El acceso a la justicia no es un trámite, es una garantía de supervivencia’, subrayó la red. Mientras el control migratorio siga vinculado a la atención de mujeres sobrevivientes de violencia, la justicia será una promesa vacía.
La CSW70, añadieron, representa una oportunidad para que las discusiones internacionales integren a las mujeres y niñas migrantes en la hoja de ruta que emanará de esta sesión.
