En un acto que marca un hito para la representación indígena en la capital, este martes se instaló oficialmente el Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 2025, gracias a la gestión de la diputada Paula Alejandra Pérez Córdova. La iniciativa busca fortalecer la participación política y cultural de los pueblos originarios en la toma de decisiones públicas.
Sin embargo, mientras se celebraba este avance institucional, la XI Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios continúa en el Zócalo capitalino bajo una sombra de desorganización y falta de transparencia. A pesar de ser uno de los eventos más importantes en materia de diversidad cultural en la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura no ofreció rueda de prensa para anunciarlo ni ha dado la difusión adecuada al país, estado y pueblo originario invitados.
Este año, la región lacustre oriente del Estado de México fue invitada como representante estatal, logrando la participación de municipios como Chimalhuacán, Texcoco, Chiconcuac, Tepetlaoxtoc y San Martín de las Pirámides, que integran la ancestral zona del Akolwaakan. Aunque se espera que otros municipios se sumen en futuras ediciones, la presencia de los Akolhuas ha sido motivo de orgullo para sus comunidades.
No obstante, ese orgullo no ha sido suficiente para cubrir los gastos de traslado de los elencos artísticos, un compromiso que la Secretaría de Cultura —a través de la Subsecretaría de Grandes Festivales Comunitarios, encabezada por Carolina Eslava Cervantes— había asumido. Según representantes del Akolwaakan, Eslava Cervantes aseguró que los pagos se realizarían directamente y en tiempo y forma con los artistas. Sin embargo, hasta el momento, el personal a su cargo ha informado que no hay fecha definida para resolver los adeudos.
La falta de cumplimiento y comunicación ha generado malestar entre los participantes, quienes denuncian que la omisión institucional pone en riesgo la dignidad y sostenibilidad de su presencia en el evento. Mientras tanto, el Parlamento recién instalado se perfila como un espacio clave para exigir rendición de cuentas y garantizar que la cultura originaria no sea solo celebrada, sino también respetada.
