Esta tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentará la actualización de su ’Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional’, entre los derechos que enfatiza el documento se encuentran: el principio de no devolución, la no discriminación, la unidad familiar, el interés superior de la niñez y la no revictimización, los cuales fueron violados por el gobierno mexicano al participar en el Protocolo ’Quédate en México’ o Migration Protection Protocols (MPP).
’Esperamos que esta actualización sea un incentivo para que las y los ministros puedan resolver el amparo (302/2020) que está en sus manos desde febrero de 2020, y se pronuncien contra la participación del Estado mexicano en cualquier política de asilo contraria a la legislación nacional e internacional. Una resolución de inconstitucionalidad prevendría que en el futuro el gobierno mexicano vuelva a participar en políticas parecidas, fortaleciendo el cumplimiento de la legislación nacional e internacional, como el Pacto Mundial sobre Refugiados’.
Desde el 4 de abril de 2019, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) y la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, promovimos un amparo contra la participación del Estado mexicano en el Protocolo ’Quédate en México’. En el amparo se establece como el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de las Mujeres incurrieron en diversas omisiones sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos y perspectiva de género.
De acuerdo con los datos de the Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de enero 2019 a diciembre de 2020 fueron regresadas a México, bajo el Protocolo ’Quédate en México’, 70 mil 454 personas, 42% mujeres y 33% niñez, la mayoría provenientes de países Centroamericanos. Aunque el 20 de enero de 2021, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para cancelar MPP y el 01 de junio se anunció la eliminación formal, el hecho de excluir a estas personas de la protección internacional ha tenido un impacto permanente en su vida.
Esta política estadounidense, aceptada por el gobierno mexicano el 20 de diciembre de 2018 y ratificada el 7 de junio de 2019, tuvo un impacto negativo en la vida de más de 70 mil personas que estaban escapando de sus países por temor a su integridad física, muchas de ellas revictimizadas al regresarlas a México, algunas perdieron la vida. Desde el 15 de diciembre de 2020 existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República sobre secuestros a esta población, más de mil 300 de acuerdo con los registros de la organización Human Rights First.
Cabe señalar que el día de ayer, el gobierno de Estados Unidos anunció la segunda fase para el ingreso de las personas con casos cerrados bajo MPP, reconociendo que muchos fueron cerrados en ausencia debido a que las personas se encontraban secuestradas o habían regresado a sus países luego de la violencia de la que fueron objeto en México, así como la falta de vivienda, acceso al empleo, educación y salud. Esta media podría beneficiar hasta a 50 mil personas, pues durante la primera fase, iniciada el 19 de febrero de 2021, la población con casos abiertos se estimó en poco más de 20 mil, de las cuales 12 mil 300 ya entraron a Estados Unidos para seguir sus casos.
’Esta política ha sido una de las más inhumanas que los gobiernos estadounidense y mexicano han implementado. No sólo violaron sus legislaciones nacionales e internacionales en materia de asilo, sino también, en el caso del Estado mexicano, fue omiso en la protección de esta población, pese a que se comprometió a hacerlo, y en la no publicación de la política en el Diario Oficial de la Federación, dejando en la opacidad las reglas de operación’.
