Maullidos Urbanos
Gato de Barrio
Si el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador era terminar totalmente con el nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues ya tiene otro motivo para inconformarse con el Poder Judicial: una jueza federal ordenó al Senado de la República que nombre al comisionado que ocupará la vacante que dejó Francisco Javier Acuña Llamas, tras concluir su encargo en marzo de este año.
Sucede que Celina Angélica Quintero Rico, jueza Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, otorgó una suspensión provisional al Consejo Nacional de Litigio Estratégico, para que la Junta de Coordinación Política del Senado, con base en el dictamen de las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia, acuerde el nombramiento del comisionado, mismo que se debe someter al pleno para su aprobación.
Además estableció un plazo de 48 horas para dar cumplimiento a la suspensión definitiva. también otorgada al Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde se ordenó nombrar a los otros dos comisionados del INAI.
Para la legal operación del INAI se requiere participen al menos cinco de sus siete consejeros, pero solo tiene cuatro y pese a que el Senado había designado a dos, López Obrador determinó vetarlos y, posteriormente, no solo ha obstaculizado los nombramientos, ordenó a los senadores de Morena terminar con este instituto para que sus funciones sean transferidas a la Secretaría de la Función Pública.
Ahora falta ver cuál será la reacción tanto en la presidencia de la república como en el Senado, a fin de cumplir con la orden judicial, porque se puede anticipar que buscarán evitarlo, ya que definitivamente la idea es desaparecer al INAI a como dé lugar.
Para más incomodidad del gobierno federal, Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia, propondrá al Pleno anular la primera parte del Plan ’B’ electoral, ya que en su aprobación hubo "graves violaciones al proceso legislativo", porque además de violentarse directamente los artículos 71 y 72 de la Constitución, la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, y que la iniciativa de ley final publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, no es la misma a la presentada en la sesión del 6 de diciembre donde fue aprobada.
De avanzar, como debería ser lo correcto, entonces desde Palacio Nacional habrá otro motivo para estar en contra de la Suprema Corte, pero sencillamente debe aplicarse la Ley.
