La reciente aprobación de reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Congreso de Jalisco ha encendido las alarmas entre diversos sectores de la sociedad civil que ven en la denominada "Ley Vicaria" un andamiaje legal que, lejos de erradicar la violencia, amenaza con profundizar la polarización de género y vulnerar la estabilidad del núcleo familiar.
Bajo una simulación y falsa apariencia de justicia social, la nueva normativa ha sido señalada por especialistas y representantes ciudadanos, como Jaime Cedillo Bolívar, coordinador de cabildeo del Frente Nacional por la Familia en Jalisco, como una medida sesgada que ignora la realidad de los hogares mexicanos.
La crítica central radica en que la ley ha sido "feminizada" al extremo, estableciendo un marco jurídico exclusivo para las mujeres y dejando a los varones en un estado de total indefensión legal frente a acusaciones que, en muchos casos, carecen de comprobación inmediata.
El problema de fondo no es la condena a la violencia —la cual es unánime y loable—, sino la exclusión del hombre como víctima potencial de este fenómeno. Al definir la violencia vicaria únicamente como aquella ejercida por el hombre contra la mujer a través de los hijos, el legislativo jalisciense ha invisibilizado los numerosos casos donde los menores son utilizados como instrumentos de daño emocional y psicológico contra los padres.
Esta falta de equidad rompe con el principio de igualdad ante la ley, creando privilegios procesales basados en la ideología de género y no en los hechos.
Resulta preocupante que, durante la sesión en el pleno, la discusión careciera de un debate profundo que integrara una perspectiva universal de protección a la familia.
La aprobación, impulsada por colectivos con agendas ideológicas radicales, parece responder más a un "favoritismo tendencioso" que a una búsqueda de justicia integral. Al no reconocer que las mujeres también pueden ejercer violencia o privar injustificadamente a los padres de la convivencia con sus hijos, se fomenta un entorno donde el vínculo filial se convierte en un arma política y judicial.
Incluso, esta vulnerabilidad jurídica ha empujado a situaciones límite donde varones, inmersos en conflictos familiares, han contemplado el cambio de género en el registro civil como una estrategia desesperada para acceder a los mismos derechos de convivencia que hoy la ley les regatea por su sexo. Esta distorsión del estado de derecho es el síntoma de una legislación que prioriza la medalla ideológica sobre el bienestar común.
Una verdadera protección a la sociedad debería centrarse en la persona, sin adjetivos de género. Si la intención del Congreso fuera genuina, la ley sancionaría con el mismo rigor tanto a hombres como a mujeres que utilicen a los hijos para dañar al cónyuge.
Mientras persista este enfoque excluyente, Jalisco se encamina hacia una fragmentación social donde la justicia se aplica según la identidad del denunciante, debilitando la estructura fundamental de la sociedad: la familia.
