Más de 80 organizaciones y redes de organizaciones de la sociedad civil llaman al gobierno mexicano y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a no aceptar ninguna política migratoria de EUA, unilateral o bilateral, encaminada a transgredir el derecho a solicitar y recibir asilo, o la legislación mexicana y compromisos internacionales en materia de protección internacional.
Texto que reproducimos íntegro.
Mtra. Alicia Bárcena Ibarra
Secretaria de Relaciones Exteriores
Gobierno de México
Reciba atentos saludos de las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos
de las personas migrantes, solicitantes de asilo y reconocidas como refugiadas abajo firmantes.
En esta ocasión, le escribimos para hacer un llamado para que México no acepte ningún acuerdo
adicional con Estados Unidos que incremente expulsiones de personas, desde ese país a territorio
mexicano, transgrediendo aún más el derecho a solicitar y recibir asilo y exponiendo a las personas en
situación de movilidad a abusos y violaciones a derechos humanos.
El Congreso de Estados Unidos se encuentra discutiendo el presupuesto federal para el año fiscal 2024
y, desafortunadamente, hay presiones por parte del partido republicano para que a cambio de la
aprobación de $106 mil millones de dólares para asistencia militar en Ucrania e Israel, se endurezcan
las políticas migratorias hacia poblaciones en la frontera sur de Estados Unidos y para personas
migrantes que han vivido durante años en ese país. Algunas personas legisladoras estadounidenses
han propuesto elevar los estándares de elegibilidad para pasar la entrevista de miedo creíble, limitar
el número de personas que pueden solicitar asilo, aumentar las deportaciones expeditas, incrementar
el uso de detención migratoria, instalar una política de tercer país seguro para restringir el acceso al
asilo de personas en la frontera (sin entrar en un acuerdo bilateral formal), así como disminuir las
emisiones de permisos temporales humanitarios, entre otras. Se están considerando establecer
medidas más severas que la política de devoluciones Título 42, como, por ejemplo, permitir que el
presidente estadounidense anuncie emergencia en cualquier momento, cierre su frontera sur e
incremente las expulsiones expeditas.
Muchas de estas propuestas requieren de colaboración directa del gobierno mexicano y surgen en un
contexto en donde los gobiernos de México y Estados Unidos ya están infringiendo las legislaciones
nacionales e internacionales de asilo. Ambos países, en negociaciones poco transparentes, han
acordado regresar desde Estados Unidos a México hasta mil personas al día de nacionalidad cubana, nicaragüense, venezolana y haitiana, a través de la ley migratoria estadounidense Título 8. Previo a
ello, habían acordado expulsiones bajo el Título 42 y el Protocolo ’Quédate en México’ (MPP por sus
siglas en inglés). Todas estas políticas migratorias han tenido consecuencias devastadoras para las
personas migrantes en México:
1. El Protocolo ’Quédate en México’ resultó en violaciones a los derechos humanos. De 2019 a
2020, más de 72 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos fueron obligadas a esperar en
México sus resoluciones ante los tribunales de inmigración estadounidenses. Muchas de las
personas que fueron regresadas a territorio mexicano sufrieron diversos delitos violentos y no
pudieron acceder a la justicia. De acuerdo con información de la organización Human Rights First,
de 2019 a 2020 se registraron más de mil 300 eventos violentos contra esta población - secuestros,
extorsiones, violaciones, tortura e incluso la muerte. Según una encuesta elaborada por la
Universidad Iberoamericana a personas regresadas bajo MPP en Tijuana, durante 2022, el 92%
indicó haber vivido algún tipo de violencia en su tránsito por México y su estancia en Tijuana.
2. La entrada en vigor de la política de expulsiones bajo Título 42, avalada por el gobierno
mexicano, aumentó las expulsiones expeditas sin posibilidad de solicitar asilo. De acuerdo con
datos oficiales, durante los tres años de implementación se registraron más de 2 millones de
expulsiones expeditas, lo que imposibilitó la garantía del derecho a solicitar y recibir asilo y expuso
a miles de personas a mayores situaciones de riesgo. De acuerdo con Human Rights First, de marzo
de 2020 a abril de 2022, se registraron más de 10 mil reportes de asesinatos, secuestros,
violaciones, tortura y otros ataques violentos contra personas devueltas a México bajo esta
política.
3. No se ha emitido un programa de protección para las personas retornadas a México. La Suprema
Corte de Justicia de la Nación determinó, en octubre de 2022, que el Estado mexicano incurrió en
omisiones en la protección de derechos de las personas devueltas a México bajo MPP, al no contar
con un proceso claro de protección, no publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y no
incorporar una perspectiva de género, derivando en actos violentos hacía esta población sin acceso
a la justicia.
Sin embargo, el gobierno mexicano aún no ha hecho pública su política para recibir a
las personas devueltas. Ahora con la entrada en vigor de las expulsiones bajo Título 8, seguimos
sin conocer cómo el gobierno está garantizando el derecho a la regularización migratoria de las
personas expulsadas a México; cómo se atienden las necesidades básicas de salud, educación,
vivienda y trabajo; cómo apoya a los albergues de la sociedad civil que han sostenido las necesidades de las personas expulsadas; y qué acciones o medidas, basadas en el interés superior
de la niñez, se considerarán para garantizar la unidad familiar.
Por tal motivo, hacemos un llamado para que México ponga en práctica una política exterior
consistente en materia de derechos humanos que asegure una gestión migratoria de responsabilidad
compartida. Ello significa, entre otras cosas, mantener una comunicación fluida con el gobierno de los
Estados Unidos para garantizar que el tránsito de personas en la frontera compartida se haga de
manera segura, evitando que decisiones unilaterales determinen el diseño e implementación de la
política migratoria mexicana, y salvaguardando los derechos humanos de las poblaciones en
contextos de movilidad.
México y Estados Unidos son países impulsores de la Declaración sobre Migración y Protección de
Los Ángeles en la que se comprometieron a ’mejorar los mecanismos de cooperación regional para la
colaboración en materia de aplicación de la ley, el intercambio de información, la gestión de las
fronteras sensible en materia de protección, los regímenes de visas y los procesos de regularización,
según corresponda y con arreglo a la legislación nacional’, por lo que México no debe volver a aceptar
acuerdos vinculantes que incrementen expulsiones de personas, desde Estados Unidos, que vulneren
el derecho a solicitar y recibir asilo y exponerlas a peligros innecesarios.
Quedamos a su disposición para dialogar sobre este asunto, y agradecemos que comparta
información sobre cualquier acuerdo o postura que se adopte con respecto a esta cuestión con los
Estados Unidos.
