Propuesta de revocación de mandato

Con el presunto objetivo de lograr un ’ahorro significativo’ en materia de recursos económicos, evitar dispendio y despilfarro, Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado morenista, propuso homologar la fecha de la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum para que en lugar de agosto sea junto con las elecciones 2027 cuando se deberán realizar las intermedias federales, locales –para gobernadores, alcaldes y diputados en gran cantidad de electores– así como las faltantes del Poder Judicial.
Para iniciar este proceso, primero debe ser solicitado mediante la firma del 3% de los inscritos en la lista nominal de electores de al menos 17 entidades federativas y, de nuevo, también participe el 3% de la lista en cada una de ellas. Después, el Instituto Nacional Electoral (INE) validará la solicitud para aceptar sus resultados. Finalmente, para ser vinculante y resulte válida la consulta debe participar al menos el 40% de los inscritos en el padrón electoral.
Debe recordarse que en 2021 el expresidente Andrés Manuel López Obrador se sometió a la primera consulta de revocación de mandato, pero debido a que participó menos del 19% de electores, ese ejercicio resultó simplemente inútil.
En esa ocasión se pretendió que la consulta se homologara con las elecciones federales de junio de 2021, pero la propuesta no procedió y se efectuó hasta abril de 2022 y, a pesar de las restricciones legales, López Obrador intervino ilegal y reiteradamente para convocar a la participación ciudadana, lo cual no funcionó y, como se dijo, hubo baja participación.
Ahora para unificar las elecciones y la consulta es necesario modificar el artículo 35 de la Constitución, lo cual no sería problema ya que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados podrían aprobarlo, pero primero debe ser aprobada en la correspondiente comisión legislativa.
De avalarse que todos esos comicios procesos electorales sean el primer domingo de junio de 2027, entonces resultaría una gran carga para las diferentes autoridades electorales locales y federales–sea el INE o el nuevo organismo de la reforma electoral propuesta–, ya que cada uno representa diversas cargas y procedimientos, complicándose los cuatro eventos.
Así, el presunto ahorro y evitar el aparente despilfarro de recursos quedaría en segundo plano ante la problemática de realizarse un complicado cuádruple proceso, incluso hasta podría confundir a la ciudadanía y prestarse no solo a posibles fallas, incluso a que la propaganda electoral se involucre en la consulta y en elección judicial, lo cual afectaría en sus resultados.
Si se quiere que todos esos procesos sean transparentes y justos, tanto la consulta de revocación como los comicios del Poder Judicial, deberán programarse en diferentes fechas. De lo contrario, además de provocar todo un conflicto de logística y operación, será otro duro golpe a la auténtica democracia y un paso más al autoritarismo impulsado por los morenistas.