Prohibición de vapeadores

Muchas de las acciones y programas ejecutados por Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno, fueron decisiones adoptadas sin respaldos ni estudios técnicos, mucho menos con los necesarios y adecuados análisis de factibilidad que garantizaran su eficaz funcionamiento, es decir fueron desarrollados como simples ocurrencias personales.
Así, medidas que fueron adoptadas por anteriores administraciones, esas que han sido calificadas de neoliberales, como si fueran un pecado social, algunas sencillas, por ejemplo, anular el horario de verano, hasta otras de gran trascendencia social como terminar desde el Seguro Popular, pasando por todo el sistema de salud, la inútil megafarmacia, los organismos autónomos, hasta llegar con Claudia Sheinbaum a terminar con el equilibrio de poderes.
Dentro de esas decisiones, una de las más recientes ha sido que el Congreso de la Unión reformó la Ley General de Salud, para prohibir los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, es decir cualquier sistema capaz de calentar, vaporizar o atomizar sustancias líquidas, geles, ceras, aerosoles o resinas, con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas, con sanciones que van de uno a ocho años de prisión y multas de entre once mil 314 y 226 mil 280 pesos, equivalentes a cien y dos mil Unidades de Medidas de Actualización (UMAs) para quienes comercialicen estos dispositivos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los cigarrillos electrónicos ’son una trampa’, al poner en riesgo a cerca de dos mil millones de personas en el mundo, muchos de ellos usaron esta tecnología para abandonar el tabaco, pero la mayoría de estos dispositivos contienen diversos productos, entre ellos nicotina, sustancia asociada con adicción y problemas en el desarrollo cerebral, especialmente en jóvenes menores de 20 años.
Se especifica que en 85% de los países desarrollados existen leyes para limitar el uso de vapeadores y productos similares, en tanto que en 79% de las regiones más pobres se busca controlar su venta.
Gracias a la mayoría de Morena y sus aliados, la reforma se avaló en la Cámara de Diputados con 292 votos a favor y 193 en contra, mientras en el Senado hubo 76 sufragios a favor, 37 en contra y una abstención. Es decir, así se cumplió el deseo del ahora expresidente.
Con la reforma se prohíbe cualquier publicidad o propaganda en medios impresos, digitales, radiofónicos, televisivos o plataformas emergentes, al considerar que la industria ha dirigido sus productos a menores con sabores atractivos y campañas publicitarias encubiertas.
Si bien inicialmente se manejaba la posibilidad de también criminalizar al consumidor, incluso de imponerles hasta ocho años de cárcel, pero tras haberse aprobada la reforma, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, presentó una modificación para corregir los ’excesos punitivos’, por lo cual el texto fue modificado para evitar que ellos resultaran afectados.
Debe recordarse que desde 2022 ya se había prohibido importar y comercializar los vapeadores y cigarros electrónicos. Sin embargo se mantuvo su venta sin control tanto en línea como en puestos informales, incluso en plazas comerciales, algunos de estos sitios cerca y/o detrás de Palacio Nacional, por lo cual Morena consideró que la reforma aprobada era necesaria para evitar que la industria creciera en la clandestinidad y el mercado negro.
Pero de acuerdo con especialistas se considera que al menos siete células criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Nueva Familia Michoacana y La Unión Tepito, controlan el mercado ilegal de vapeadores y productos de tabaco en todo el país, con ingresos anuales de entre 15 y 20 millones de pesos.
Si las autoridades hubieran analizado a fondo la forma en que se ha actuado en otros países, entonces hubieran encontrado que en Australia se adoptó la prohibición más estricta, lo cual generó un mercado negro dominado por bandas criminales, con extorsiones, violencia e infinidad de productos adulterados, por lo cual ya se debate cancelar su propio modelo. En cambio, en el Reino Unido se optó por regular, supervisar y educar, lo cual provocó una caída histórica del tabaquismo, con cero presencias de mafias en el mercado y el uso del vapeo como herramienta eficaz de reducción de daños.
Pero con la legislación prohibitiva aprobada, donde ni la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ni las policías locales están capacitadas para actuar en este tipo de casos, resultará poco menos que imposible impedir tanto el uso de como el tráfico de los vapeadores, razón por lo cual se anticipa que imperarán toda serie de irregularidades, sin descartarse posible colusión de diversas autoridades locales y federales.
Ahora existen puntos por considerar: ¿qué sucederá con los visitantes extranjeros que lleguen al país por el Mundial de futbol, acostumbrados a los vapeadores? Además, ¿será posible combatir la venta de cigarros de contrabando, los cuales resultan ser mucho más baratos que los legales –aunque más nocivos–, por los altos impuestos que les aplican?
Lamentablemente, como se mencionó anteriormente, esta legislación fue propuesta y aprobada sin sustentos científicos o con fundamentos que avalen su adecuada operación, por lo cual podría anticiparse habrá beneficios a la delincuencia y al crimen organizado, al tener otra veta ilegal para seguir explotando y creciendo, sin omitir daños a la salud de sus consumidores.