En una asamblea general celebrada el pasado 25 de enero, más de 300 familias acordaron por unanimidad iniciar una serie de manifestaciones pacíficas en fechas próximas para denunciar el impago de sus tierras, las cuales fueron ocupadas desde el año 2004 para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
A pesar de haber concluido recientemente el periodo conmemorativo del "2025, Año de la Mujer Indígena", los comuneros señalan que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) continúa ignorando las sentencias judiciales que la obligan a efectuar un pago justo por la afectación de sus predios.
El conflicto, que suma ya 21 años de estancamiento, se centra en la falta de coordinación y voluntad política entre las dependencias federales.
La SICT ha justificado el retraso alegando que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) no ha emitido el dictamen correspondiente para determinar el monto de la indemnización. Ante este escenario, la comunidad exige que el INDAABIN entregue de inmediato el avalúo y que la SICT proceda al pago conforme a lo ordenado por los tribunales y la Ley Agraria, calificando la situación actual como una clara obstrucción de la justicia y una violación sistemática a sus derechos humanos.
Los afectados subrayaron que su movilización se fundamenta en los derechos constitucionales de libre manifestación y tránsito. No obstante, advirtieron que, de no obtener una respuesta inmediata, procederán legalmente ante el Ministerio Público Federal.
La denuncia iría dirigida contra los funcionarios de la SICT y del INDAABIN que resulten responsables, bajo los cargos de desacato, abuso de autoridad y obstrucción de la justicia. Para los ejidatarios, la falta de cumplimiento no es solo una omisión administrativa, sino un agravio directo a la economía de cientos de familias que han esperado justicia por más de dos generaciones.
