En los próximos días, el pleno de la Cámara de Diputados discutirá y aprobará el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, en un contexto marcado por el creciente número de personas en situación de movilidad que buscan protección e integración en México. Tan solo entre enero y mayo de 2025, más de 50 mil personas solicitaron protección internacional ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), mientras que más de 97 mil fueron deportadas desde Estados Unidos entre enero y agosto del mismo año. Además, un porcentaje significativo de personas migrantes lleva más de seis meses en el país, con la intención de establecerse de forma permanente.
Sin embargo, el proyecto del PEF 2026 no responde a la urgencia de construir una sociedad incluyente que garantice los derechos de quienes buscan protección internacional, ni promueve la integración de personas retornadas y migrantes internacionales. Por el contrario, contempla recortes presupuestales a la COMAR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) recibe un incremento cercano al 11 %, destinado principalmente a acciones de contención y criminalización, como la detención en estaciones migratorias y los traslados forzados.
A ello se suma el aumento del 101 % en los costos de trámites migratorios, lo que impone mayores barreras a la regularización y al ejercicio de derechos. Instituciones clave para la protección de la niñez, como la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) y la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, tampoco reciben los recursos necesarios para cumplir con sus funciones.
Ante este panorama, las organizaciones firmantes expresamos profunda preocupación por los aspectos del presupuesto que podrían reducir la capacidad del Estado mexicano para garantizar derechos y protección a las personas en movilidad:
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)
El PEF 2026 contempla una reducción del 7 % en Servicios Personales, pasando de 31.6 a 29.4 millones de pesos, lo que limita su capacidad operativa en un contexto de procesos de asilo prolongados y escasez de personal. Además, las fuentes complementarias de financiamiento enfrentan incertidumbre: el apoyo del ACNUR —que representó el 47 % del presupuesto entre 2019 y 2023— ha disminuido, y no hay garantías de aportaciones similares para 2026.
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
El presupuesto nominal del Ramo 05 se mantiene prácticamente igual, lo que implica una reducción real del 3.4 % al ajustar por inflación. Esto afecta áreas estratégicas como la Dirección General de Protección Consular y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en un contexto de alta demanda de protección consular frente a políticas migratorias regresivas en Estados Unidos.
Instituciones de protección a la niñez en movilidad
La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA enfrenta limitaciones materiales y de personal especializado, lo que obstaculiza la implementación de rutas de protección integral. El incremento presupuestal previsto es apenas del 1.4 %, insuficiente ante los retos actuales. Además, el proyecto del PEF 2026 no especifica el monto asignado a la PFPNNA, a pesar de que enfrenta rezagos estructurales y una disminución presupuestal sostenida entre 2020 y 2024.
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Por ello, hacemos un llamado urgente a las diputadas y diputados para que aprueben un presupuesto que:
- Fortalezca integralmente a la COMAR, reasignando al menos $37.5 millones del Capítulo 3000 al Capítulo 1000, y destinando $54.4 millones del presupuesto de la CAIMFS para compensar la reducción del apoyo internacional.
- Aumente en 32 % el presupuesto del Programa E005 de atención consular, alcanzando $210 millones de pesos para fortalecer la protección jurídica y comunitaria de personas mexicanas en el exterior.
- Duplique los recursos asignados a SIPINNA y PFPNNA, destinando $153 y $202 millones respectivamente, con al menos el 60 % orientado al fortalecimiento del personal especializado.
La Cámara de Diputados tiene la oportunidad de aprobar un presupuesto progresivo que responda a la realidad de las personas en movilidad humana, promueva políticas públicas basadas en la inclusión y la protección de derechos, y contribuya a la construcción de cohesión social, reconociendo que cada vez más personas migrantes buscan aportar al desarrollo del país.
