Maullidos Urbanos
Gato de Barrio
Después de que en la tarde del lunes 18 de octubre se público en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial para legalizar los llamados ’autos chocolates’, el acuerdo entró en vigor al día siguiente. Sin embargo, las repercusiones de esta medida totalmente populista serán muchas, particularmente en el terreno económico.
Según las autoridades federales era ’necesario regularizar’ los autos norteamericanos introducidos en territorio nacional desde hace años, debido a que por carecer de registro en nuestro país de ellos, muchos utilizados para cometer multitud de delitos.
Surgen varios cuestionamientos. Uno, ¿acaso los delincuentes acudirán con sus dos mil 500 pesos a registrar ante las autoridades sus vehículos? Pues por supuesto que no, lo que menos les interesa es cumplir con ese requisito. De necesitarlo, para ellos es más fácil contrabandear otra unidad para continuar impunemente con sus ilícitas actividades.
Dos: ¿no es obligación de las autoridades detener todo automóvil que circule en las vialidades para comprobar quién es su propietario, uso de la unidad y, en caso de detectarse irregularidades, detenerlo y presentarlo ante las autoridades correspondientes? Es letra muerta.
Tres: ahora, ¿cómo se podrá contener el contrabando de autos? Una vez emitido el decreto se debe evitar el ingreso de más autos ’chocolates’ que pretendan ser regularizados, porque quienes hacen negocio con estos vehículos intentarán ingresar los más posibles.
Según el presidente López Obrador los recursos obtenidos por esta ’legalización’ serán utilizados para repavimentar vialidades de los municipios fronterizos de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, acción que deberían desarrollar las diversas autoridades locales.
Esta ’medida’ es populista porque presuntamente intenta quedar bien con personas que carecen de dinero para adquirir un auto legal, pero las repercusiones en la economía serán negativas y trascendentales, razón por la cual ha sido impugnada legalmente por fabricantes, armadoras, fabricantes y vendedores y distribuidores tanto de unidades nuevas como usadas.
Incluso Miguel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, rechazó la medida al que tan solo en su entidad esta decisión afectará a 150 mil empleos directos de la industria automotriz.
Ojalá y las impugnaciones legales procedan para evitar que miles de vehículos, gran parte de ellos el mal estado mecánico y definitivamente contaminantes, sean ’legalizados’, ya que en lugar de generar beneficios provocará daños económicos probablemente irreparables.
