La noche del 27 de marzo de 2023, 40 hombres murieron y 42 personas sobrevivieron al incendio, 27 hombres y 15 mujeres, en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
26 de marzo de 2024.- Mañana se cumple un año de uno de los peores crímenes de Estado contra la población migrante y con necesidades de protección internacional, el incendio en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua. A la fecha, no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, sólo promesas,
omisiones, simulación y un responsable vinculado a proceso en funciones, que cínicamente presume acciones de protección civil dentro de las estaciones migratorias.Las principales instancias involucradas en los procesos de reparación del daño y acceso a la justicia: el INM, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) han sido omisas e indolentes con todas las personas afectadas, llegando incluso a no reconocer a algunas de ellas como víctimas a pesar de las diversas afectaciones que enfrentan después de la tragedia.
El INM no sólo estuvo a cargo del cuidado de los sobrevivientes, revictimizándolos y amedrentándolos si aceptaban el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil; también ha negociado con gobiernos, representantes de las víctimas, la reparación del daño; y anunciado
montos económicos para las familias de los fallecidos –poniéndolas bajo riesgo de extorsión en sus países de origen–, sin ser su facultad, y sin que nadie frene su actuar. Además, ha tratado de limpiar su imagen anunciando el pintado de estaciones migratorias, pero eso no basta para mejorar las condiciones de detención y evitar las muertes de personas en su custodia -como ocurrió hace unas
semanas en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas donde han muerto dos personas en movilidad bajo circunstancias poco claras. En marzo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la detención migratoria no puede ser mayor a 36 horas.
La CEAV ha sido laxa en sus responsabilidades dejando al INM los procesos de reparación del daño, cayendo en omisiones dentro de su actuar al no realizar evaluaciones individuales para los procesos de reparación integral del daño, como lo establece la Ley General de Víctimas. La titular, Yuriria Rodríguez Estrada, canceló en tres ocasiones su asistencia a reuniones con las y los senadores del
Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento al incendio en la estancia migratoria, además de negarse a sostener reuniones con representantes jurídicos de las víctimas. A la fecha, ninguna de las 42 personas sobrevivientes ha recibido una reparación; las familias de los fallecidos sólo han firmado documentos, pero no ha concluido el proceso; y ninguna de las mujeres sobrevivientes ha sido
reconocida como víctima.
La FGR y el PJF ha tenido pocos avances sustanciales en el proceso penal. Actualmente hay once personas vinculadas a proceso, entre ellas, el ex Coordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, quien se encuentra prófugo, y el Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien sigue al frente de la institución y en septiembre de 2023 buscó enterrar la tragedia para
diluir su responsabilidad con una ’solución alterna’, que lo absolvería de cualquier responsabilidad.
Hasta hoy, no existe ninguna sentencia condenatoria.
Pocos avances y desdén institucional, a un año del incendio en estancia migratoria de Ciudad Juárez
- 82 familias en cinco países siguen a la espera de justicia y reparación integral del daño.
- La noche del 27 de marzo de 2023, 40 hombres murieron y 42 personas sobrevivieron al incendio, 27 hombres y 15 mujeres, en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
26 de marzo de 2024.- Mañana se cumple un año de uno de los peores crímenes de Estado contra la población migrante y con necesidades de protección internacional, el incendio en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua. A la fecha, no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, sólo promesas, omisiones, simulación y un responsable vinculado a proceso en funciones, que cínicamente presume
acciones de protección civil dentro de las estaciones migratorias.
A la FGR y jueces de control de PJF a dejar de obstaculizar la defensa de las víctimas directas e indirectas en el proceso judicial; el proceso judicial en el caso; y desvincular al Comisionado del INM de sus funciones para que exista una investigación y proceso penal independiente, imparcial y exhaustivo.
A la CEAV a tomar el mando de sus facultades, garantizar evaluaciones individuales para cada una de las víctimas y las familias de los fallecidos, y a comprometerse con una reparación del daño justa, de acuerdo con las necesidades de cada familia, pues algunos de los sobrevivientes serán
dependientes el resto de sus vidas.
Al INM a terminar con las detenciones migratorias, pues estas no representan un delito en México, sino una falta administrativa. Convertir las estaciones migratorias en espacios donde se brinde orientación e información a las personas para regularizar su situación migratoria o acceder al asilo.
Al Estado mexicano a garantizar a las personas una migración libre de violencia; así como dejar la política de disuasión y securitización, que ha cobrado la vida de miles de personas migrantes y con necesidades de protección internacional en este país.
La noche del 27 de marzo de 2023 murieron 40 hombres, 27 resultaron con lesiones físicas y daños neurológicos de por vida, y 15 mujeres fueron testigas de cómo sus parejas, padres, hermanos o amigos fallecieron. Eran hombres jóvenes buscando protección o una mejor vida para sus familias, cuyo derecho a la vida tenía que haber estado protegido por las autoridades mexicanas. Hoy, 82
familias están rotas, y las y los sobrevivientes no volverán a ser los que era antes del incendio, ha quedado una huella traumática que tendrán que procesar por el resto de su vida.
Como organizaciones, redes y albergues de la sociedad civil seguiremos al lado de ellas y ellos exigiendo verdad, justicia y reparación, para que una tragedia así no vuelva a suceder.
Lo sucedido en Ciudad Juárez es un crimen de Estado, consecuencia directa de un sistema de políticas migratorias que criminalizan y buscan disuadir la migración por México. No fue un caso aislado, de acuerdo con 69 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigidas al Instituto Nacional de Migración por eventos al interior de las estaciones migratorias; desde 2018 han habido 41 motines y cuatro incendios en protesta por las condiciones inhumanas de
detención, siendo la administración de Andrés Manuel López Obrador la que registra el mayor número de muertes de personas migrantes en custodia del INM con 55 decesos, frente a 16 en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Como organizaciones, redes y albergues de la sociedad civil que trabajamos por los derechos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional seguiremos acompañando a las personas sobrevivientes, hasta que se haga justicia y exista una verdadera reparación integral del daño y garantías de no repetición.
