Persecución política, cortina de humo

Sorpresivamente el pasado viernes la Fiscalía General de la República anunció que Ildefonso Guajardo, quien no solo fuera el secretario de Economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, también el principal negociador del nuevo tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad de enriquecimiento ilícito.
Se agregó ’a solicitud realizada por parte de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y en virtud de que durante los años 2014 a 2018 este individuo, como servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen’, por ello el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte lo vinculó a proceso.
Además, se precisó que ahora el exfuncionario, quien formará parte de la próxima legislatura federal como diputado plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional, deberá firmar periódicamente en ese reclusorio y sin poder abandonar el país, además de que el juez estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria.
Aunque a Guajardo se le acusa de presuntos ingresos irregulares por aproximadamente nueve millones de pesos, mismos que ya fueron aclarados ante la Secretaría de la Función Pública, es la FGR quien insiste en proseguir con el caso, incluso llegó a solicitar al juez de que le impida rendir protesta como diputado federal el 1 de septiembre, lo que fue negado bajo el argumento legal de que el Poder Judicial no puede interferir con el Legislativo.
Lo que parece ’sospechosista’ es que este anuncio se hizo un día después de divulgarse un nuevo video donde Martín López Obrador, hermano menor del presidente, fue captado en 2015 recibiendo 150 mil pesos de parte de León Moreno, quien también en otra grabación revelada hace un año se mostró cuando él también proporcionaba efectivo a Pío López Obrador, otro hermano del mandatario mexicano.
Aunque al inicio de su gobierno se había comprometido a no hacerse responsable ni defender a alguno de sus familiares cometiera algún delito y, de presentarse esa situación, dejaría que se aplicara la ley, la realidad es que esa promesa sólo quedó en palabras huecas ya que ninguno de sus hermanos o su prima Felipa, quien también se vio involucrada en tráfico de influencias para lograr contratos con Petróleos Mexicanos, ni siquiera han sido investigados.
Igualmente ha ignorado las denuncias contra varios de sus colaboradores, como Manuel Barttlet Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, o Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, entre otros.
Ahora, se inicia otro proceso en contra de un funcionario ampliamente reconocido por su honradez, y se suma a los iniciados en contra de otros excolaboradores de Peña Nieto, como los exsecretarios Luis Videgaray, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores; Luis Miranda Nava, de Desarrollo Social; Pedro Joaquín Codwell, de Energía; Rosario Robles, de Desarrollo Social; así como Eduardo León Trauwirz, jefe de escoltas; y Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos.
Sin embargo, la única quien está detenida es Robles Berlanga, quien ha interpuesto varias querellas para seguir su proceso en libertad, mientras que a Lozoya Austin, como testigo protegido y desde su extradición de España, ha evitado llegar a la cárcel y su investigación es casi inactiva. Es decir, el gobierno federal no ha podido enjuiciar a ningún exfuncionario.
Por supuesto, para López Obrador las denuncias en contra de sus hermanos no responden a ningún caso de corrupción ni de mal manejo de recursos. Con Pío dijo que eran ’aportaciones’ al movimiento de Morena, mientras con Martín afirmó que era un asunto personal con León Moreno, responsable de entregar el dinero en ambos casos y, por cierto, ya excluido del gobierno federal.
Además, el tabasqueño fue defendido por Mario Delgado, presidente de Morena, quien tras el segundo video escribió en Twitter que ’es obsceno que quieran manchar al presidente’ con ese tipo de acusaciones y reprochó que se intentara atacarlo por ’una donación de 150 mil pesos’, cuando anteriores funcionarios ’recibieron millones y comprometieron la soberanía del pueblo con grandes empresas y empresarios’.
Es decir, según los morenistas las acciones de sus militantes y seguidores no pueden ser consideradas como ilícitas, aunque encuadren como tales, pero quienes participaron en anteriores administraciones no solo pueden ser inculpados como delincuentes sin mediar un juicio legal, sino también padecer de una persecución política de la FGR, aunque lo nieguen.
En conclusión, el proceso en contra de Ildefonso Guajardo es una cortina de humo para distraer la atención de la población acerca del hermano del presidente por supuestamente una entrega de 150 mil pesos, pero se puede suponer que no fue la única así que se desconoce el total de esos recursos, para de esa forma encubrir sus actos irregulares y de corrupción que, por supuesto, siempre los negarán.