El gremio periodístico organizado de México, conformado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE) y la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP-México), emitió un comunicado conjunto para denunciar las recientes agresiones contra comunicadores en el estado de Oaxaca y exigir la intervención inmediata de las autoridades federales.
La noche del lunes 16 de marzo, el periodista Óscar Merino Ruiz, de 29 años y director del portal OM Noticias, fue atacado a balazos en Santiago Pinotepa Nacional, Distrito de Jamiltepec. El comunicador fue trasladado de emergencia a una clínica particular, donde se reporta grave. Pese a un operativo conjunto de la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional, los responsables no fueron detenidos. La Fiscalía de Oaxaca mantiene silencio, lo que ha sido calificado como ’hermetismo reprobable’.
El gremio también denunció el hostigamiento contra otros colegas. El 8 de marzo, el reportero policiaco Tomás Martínez Juárez fue despojado de su equipo de trabajo mientras cubría una balacera en Oaxaca de Juárez. Sus fotografías y videos fueron borrados por los encargados de un centro de rehabilitación irregular.
Asimismo, el periodista Jesús Olmedo Herrera ha sido víctima de constantes intimidaciones por parte de elementos de seguridad. El 2 de marzo fue interceptado y fotografiado por policías estatales que lo acusaron falsamente de conducir un vehículo con reporte de robo. El 14 de marzo, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones lo persiguieron y obligaron a detenerse sin mostrar identificación oficial ni pruebas de sus acusaciones.
’¡Ya basta!’
Las organizaciones periodísticas recordaron que, de 1983 a la fecha, el Monitoreo Permanente de Asesinatos y Desapariciones Forzadas de Periodistas registra 406 asesinatos, entre ellos 344 periodistas, además de locutores, trabajadores de prensa, familiares y escoltas.
’Ya no queremos más víctimas mortales. ¡Ya basta!’, expresaron en su comunicado, exigiendo que se garantice la libertad de prensa y expresión, y que los responsables intelectuales y materiales de estas agresiones sean llevados ante la justicia.
