El 6 de enero de 2022, la periodista especializada en migración, Cinthya Alvarado Enríquez, fue detenida de manera arbitraria por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, mientras documentaba irregularidades en el funcionamiento del sistema migratorio en Tapachula.
Alvarado, quien ha realizado investigaciones sobre presunta venta de documentos y abusos contra migrantes, acudió al lugar tras recibir reportes de migrantes sobre códigos QR emitidos por autoridades migratorias. Durante su transmisión en vivo, fue interceptada por agentes federales, quienes la acusaron falsamente de tráfico de personas. Pese a dirigirse a la Fiscalía en busca de protección, fue detenida, torturada y despojada de su celular.
’Fui víctima de persecución institucional por hacer mi trabajo’, declaró la periodista, quien ha denunciado que el INM opera como un ’cártel’ bajo el mando del general retirado Salvador Hugo Cuéllar Fuentes. Hasta el momento, no ha recibido reparación ni respuesta oficial, a pesar de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Organizaciones de libertad de prensa y derechos humanos han manifestado preocupación por el caso, señalando que ejemplifica la criminalización del periodismo y la impunidad institucional que rodea al sistema migratorio mexicano.
Este hecho cobra especial relevancia en un contexto de creciente hostigamiento a comunicadores que abordan temas sensibles en regiones fronterizas.
