Sin Fronteras, IAP, Asylum Access México (AAMX) A.C, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Clínica Jurídica para Personas Refugiadas ’Alaíde Foppa’ (CJR), Programa Casa Refugiados y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) presentan el informe ’El principio de no devolución (non refoulement) en México’ sobre la práctica sistemática del Instituto Nacional de Migración de transgredir el principio de no devolución de personas solicitantes de asilo y reconocidas como refugiadas en México.
También conocido como non refoulement, este principio es considerado la piedra angular de todo el sistema de protección de las personas refugiadas. Las protege de ser devueltas, por cualquier medio (expulsión forzada, deportación, extradición, traslado, entre otras), a un Estado en el que sus derechos a la vida o a la libertad corran peligro. Aplica no sólo a las personas reconocidas como refugiadas, sino también a aquellas que se encuentran en trámite de ser reconocidas.
A través de 31 casos documentados durante 2022, el informe muestra como la incomunicación de las personas en los procesos de detención y devolución, la retención o destrucción de documentos por parte de las autoridades migratorias, la falta de colaboración inmediata entre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de migración (INM) para la protección de las y los solicitantes de asilo o reconocidos como refugiados en riesgo de devolución, y la falta de recursos efectivos para el regreso a México, una vez llevada a cabo la devolución, son los principales obstáculos que enfrentan las personas ante el actuar de los agentes migratorios.
Las principales nacionalidades de las personas víctimas de devolución o de riesgo de devolución fueron Colombia, Turquía, Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Los lugares donde se observó la primera detención, que después culminó en una devolución, fueron: Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila y Querétaro; y las entidades que se ubicaron como último lugar para la culminación de la devolución fueron Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, San Luis Potosí y Nuevo León.
Los casos documentados se tradujeron en 53 personas víctimas de devolución o en riesgo de devolución, de las cuales 38 fueron víctimas de devolución consumada: 22 ya habían sido reconocidas como refugiadas; 10 eran solicitantes de asilo; 5 habían demostrado formalmente necesidades de protección internacional; y una tenía un citatorio ante la COMAR, documento que protege contra la devolución.
El informe finaliza con doce recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas: garantizar el reingreso al país de las personas que fueron devueltas; generar una base de datos compartida entre el INM y la COMAR, que facilite las consultas de información y la comunicación interinstitucional, en aras de evitar la detención o la devolución; garantizar el contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para todos los casos de personas privadas de la libertad en estaciones migratorias; garantizar el contacto de personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado y reconocidas como refugiadas con el Instituto Federal de la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil para asegurar su asistencia jurídica; y llevar a cabo acciones para la reparación integral del daño a las víctimas, que van desde la restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción, hasta las garantías de no repetición.
El principio de no devolución se encuentra establecido en diversos instrumentos internacionales, regionales y nacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la Ley de Migración y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Desde 2021, México se convirtió en el tercer país en recibir más solicitudes de asilo, sólo detrás de Estados Unidos y Alemania. En 2022, la COMAR recibió 118,222 solicitudes de asilo, principalmente de personas de Honduras, Cuba, Haití y Venezuela. De enero a septiembre de 2023 van 112,960 solicitudes, contrastando con las 1,296 solicitudes que se registraban hace una década (2013). Desde hace poco más de una década, ha sido constante que 4 de cada 10 solicitudes de asilo sean de mujeres
