Este lunes se cumple un mes del regreso a la aplicación de la ley migratoria estadounidense: Título 8, que regula la entrada de solicitantes de asilo a su territorio. México aceptó, por primera vez, en negociaciones poco transparentes, recibir hasta mil personas deportadas al día desde Estados Unidos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En los primeros días, más de 2 mil 400 personas fueron recibidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y transportadas en aviones y autobuses a Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas, en un intento por alejarlas de la frontera norte y de organizaciones de la sociedad civil que pueden orientarlas. Estas personas fueron deportadas bajo una nueva regla que requiere que antes de cruzar la frontera con Estados Unidos para pedir protección, lo hayan solicitado en algún país por el que transitaron.
Como organizaciones y albergues de la sociedad civil que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional consideramos imperativo que el gobierno mexicano se reúna con nosotras para poder entender los alcances y procesos de implementación del Plan Humanitario Conjunto sobre Migración, firmado con el gobierno de Estados Unidos, pues no existe un programa público sobre cómo el gobierno mexicano lo ejecutará, qué documentos migratorios proporcionará; cómo atenderá las necesidades básicas de salud, educación, vivienda y trabajo; cómo apoyará a los albergues de la sociedad civil que han sostenido las necesidades de las personas expulsadas; y qué acciones o medidas basadas en el interés superior de la niñez se considerarán para garantizar la unidad familiar. La respuesta hasta ahora ha sido el silencio ante negociaciones poco transparentes de acuerdos que juegan con la vida y necesidades de protección de las personas en nuestra región.
El acuerdo entre el gobierno estadounidense y mexicano representa una transgresión mayor a la ley mexicana de asilo y refugiados, al derecho internacional de protección y contraviene la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (302/2020) de octubre de 2022, en la que se resolvió que el Estado mexicano debe contar con un proceso claro de protección para las poblaciones recibidas desde Estados Unidos como consecuencia de acuerdos bilaterales (’Quédate en México’, Título 42 y Título 8), publicarlo en el Diario Oficial de la Federación e incorporar una perspectiva de género y protección a niñas, niños y adolescentes. México no había participado en la implementación del Título 8, ya que es parte de la legislación interna estadounidense y es deber de ese país realizar las gestiones necesarias para deportar a las personas que no son aceptadas para recibir asilo u otra medida migratoria a sus países de origen.
Sin embargo, desde 2018, con la administración de Donald Trump, y con más ahínco desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano ha realizado negociaciones migratorias poco transparentes con el gobierno estadounidense para recibir a poblaciones no mexicanas deportadas desde ese país, sin un plan público de cómo garantizará el principio de no devolución, el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, a un documento migratorio y a la seguridad de las personas deportadas. Los resultados han sido desastrosos y cobrado la vida de miles de familias en este país. Entre 2019 y 2020 se contabilizaron más mil 300 eventos violentos (secuestros, extorsiones, violaciones) contra solicitantes de asilo en Estados Unidos regresados a México bajo ’Quédate en México’; y entre 2021 y 2022 más de 14 mil eventos violentos contra personas expulsadas desde territorio estadounidense bajo Título 42. En pocos casos ha habido investigación y acceso a la justicia.
El gobierno estadounidense ha implementado una serie de acuerdos políticos con México y países Centroamericanos, disfrazados de responsabilidades compartidas, para contener la migración, sin importar que represente una externalización de sus fronteras y la transgresión de las legislaciones nacionales e internacionales, colocando a las personas en riesgo, no solo de ser regresadas a los contextos de los que escapan sino a los riesgos que implica el camino. En México, el gobierno ha dejado la responsabilidad de brindar atención y orientación a las personas deportadas desde Estados Unidos a la sociedad civil sin brindarles apoyo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han expresado su preocupación por estas políticas que violan el derecho de pedir asilo, independiente de la forma de entrar a un país
