Esta conferencia se lleva a cabo un mes después de que Estados Unidos y Costa Rica anunciaran un acuerdo conjunto sobre migración y protección, y previo a la Cumbre de las Américas que se realizará en junio en territorio estadounidense. Aunque el tema migratorio no es uno de los cinco pilares de la Conferencia, el presidente Biden anunció que se firmará una declaración regional sobre migración y protección internacional, y se discutirán iniciativas relacionadas.
Las organizaciones de la sociedad civil hacemos un llamado a los más de 20 gobiernos participantes de la Conferencia Ministerial para garantizar que se desarrolle un enfoque regional colaborativo en consulta con la sociedad civil y que priorice el respeto de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a través de una mayor protección, vías legales complementarias, asistencia humanitaria y acceso a la justicia.
’Si bien reconocemos los esfuerzos recientes del gobierno estadounidense para reunirse con organizaciones de la sociedad civil con la intención de discutir el progreso logrado en sus estrategias de gestión colaborativa de la migración y sus causas fundamentales, nos preocupa la falta de consultas inclusivas en las negociaciones regionales sobre migración y protección, por lo que hacemos un llamado a la administración Biden, junto con los gobiernos regionales, para discutir la declaración regional sobre migración y protección internacional con la sociedad civil y hacer público el texto de los acuerdos bilaterales que se negocien’.
Para contribuir a estas discusiones regionales, las organizaciones estamos publicando un conjunto de ’Principios rectores para un marco regional sobre migración y protección en las Américas’, los cuales hacen un llamado a integrar en cualquier marco regional:
Garantizar el derecho al asilo, a la no devolución y al territorio incluidos en los marcos jurídicos nacionales, internacionales y regionales.
Centrarse en vías de protección y vías complementarias, además de la asistencia humanitaria en la ruta migratoria, y priorizar las necesidades de protección internacional y los derechos en la gestión de las fronteras en lugar de medidas de contención.
Crear iniciativas nacionales y regionales para investigar y perseguir de manera conjunta las violaciones a los derechos humanos y los delitos contra las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; así como la búsqueda de personas migrantes desaparecidas y el acceso a la justicia.
Garantizar la corresponsabilidad entre los Estados en lugar de trasladar la responsabilidad a los gobiernos de tránsito y las organizaciones de la sociedad civil, evitando que asuman los costos de manera desproporcionada.
Atender los derechos y las necesidades de la niñez, la adolescencia, las mujeres, las familias, las poblaciones indígenas, afrodescendientes y LGBTIQ+ y las personas desplazadas internas, incluyendo el incremento de la violencia sexual y de género que sufren al cruzar por el Tapón del Darién y otras regiones de las Américas.
Facilitar la integración de la población migrante en los países de destino y a su regreso a su país de origen.
’Abordar la migración con un enfoque regional no puede resolverse en un primer acercamiento. Instamos a los gobiernos a centrar las discusiones en la responsabilidad compartida para garantizar el derecho a solicitar asilo, el acceso a vías complementarias y la asistencia humanitaria. Nuestras organizaciones tienen gran experiencia y conocimientos que pueden ayudar a los gobiernos a generar acciones de acuerdo con las necesidades de las personas migrante de la región’.
OSC’s:
Center for Democracy in the Americas (CDA)
Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Washington Office on Latin America (WOLA)
Women’s Refugee Commission (WRC)
Latin America Working Group (LAWG)
Refugees International (RI)
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
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