Ciudad de México, 20 de abril de 2023.- En conferencia de prensa en la Cámara de Diputadas, comunidades de personas deportadas, retornadas forzadas, mexicanas en el exterior y sus familias y organizaciones de la sociedad civil exhortaron a la LXV legislatura a dictaminar y aprobar, durante este periodo de sesiones, el Proyecto de decreto que adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, turnado a la Comisión de Justicia con opinión de la Comisión de Gobernación y Población, que tiene como objetivo facilitar el acceso al derecho del reconocimiento de la nacionalidad mexicana de personas nacidas en el extranjero, hijas e hijos de madre, padre o ambos mexicanos, a través de la eliminación de la apostilla.
Las niñas y niños nacidos en el extranjero, hijas e hijos de madre, padre o ambos mexicanos, también son mexicanas de acuerdo con la Constitución. Datos del Censo de población de 2020, en México viven casi 600 mil personas nacidas en Estados Unidos con derecho a la nacionalidad mexicana, de las cuales 229 mil 416 son mujeres, ya que su madre, padre o ambos son mexicanos. Por desgracia no hay cifras de aquellas personas nacidas en otros países y que tampoco han podido acceder a su identidad, el obstáculo: la apostilla.
Actualmente, la legislación mexicana establece que para poder registrar a una niña o niño nacido en Estados Unidos como mexicano, la madre, el padre o ambos deberán presentar una copia certificada del acta de nacimiento de su hija e hijo debidamente apostillada, y una traducción certificada ante el registro civil de su localidad. Este trámite se convierte en un laberinto para las familias ya que se debe tramitar en el lugar donde se expidió el acta de nacimiento en el extranjero, por lo que muchas familias no pueden obtener este requisito, dejando a niñas y niños, también mexicanos, sin identidad jurídica en el país.
La apostilla es un sello que sólo se puede conseguir desde el país de nacimiento de las niñas y los niños. En el caso de las familias que han sido deportadas y no tienen autorización para entrar a Estados Unidos, no pueden realizar el trámite. Además de implicar una carga económica, pues tiene un costo por trámite en dólares, por lo que para las familias en retorno que tienen más de una hija o hijo, el costo puede significar un golpe a la economía de sus hogares. Las repercusiones se amplían aún más cuando intentan acceder a los demás derechos que como mexicanas y mexicanos tienen garantizados dentro la Constitución, como son la salud, la educación, becas y programas sociales.
Es claro que este país a través de sus aparatos ejecutivos, judiciales y legislativos tienen una deuda histórica con la población migrante mexicana pues durante la vida indocumentada estas personas, principalmente desde Estados Unidos, han sostenido a este país durante los embates de crisis económicas y más recientemente durante la emergencia mundial de salud de COVID-19. Por ello, en su retorno es imperativo responder bajo las obligaciones legislativas a las demandas de garantía de derechos, que repercutirán sobre los procesos de (re)inserción a la vida del país.
La Cámara de Diputados tiene la oportunidad de hacerlo mejor y atender las demandas de las personas retornadas y sus familias, a través de la aprobación de la iniciativa de reforma al artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles que elimina la apostilla. Esta iniciativa es resultado de mesas de trabajo efectuadas con las áreas jurídicas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Gobernación, el Registro Nacional de Población (RENAPO), sociedad civil y las diferentes fracciones parlamentarias. Es momento de que México a través de esta legislatura pueda restituir a las personas migrantes retornadas y a sus familias el pleno ejercicio y goce de sus derechos.
Firman. Grupo de Identidad y Educación Sobre Movilidad (GIE); Colectivo de Federaciones y Organizaciones Migrantes Mexicanas (COLEFOM); 1 de 7 migrando; Apoyo a Migrantes Venezolanos; Casa del Migrante de Saltillo; Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado- (CCAMYN); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI); Clínica Jurídica IBERO; Comunidad en Retorno; Deportados Unidos en la Lucha (DUL); Instituto Para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Dra. Leticia Calderón Chelius; Otros Dreams en Acción (ODA); Red de Mujeres del Bajío; Sin Fronteras IAP; y Migrantologos.
