Organizaciones de la sociedad civil mexicanas solicitaron ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México poner fin al Programa ’Quédate en México’ pues significa un riesgo para la vida de las personas que buscan protección internacional al violar su derecho al debido proceso, al principio de no devolución y a la seguridad, además de ir en contra de la legislación nacional e internacional.
El amparo 1887/2021 fue promovido en la Ciudad de México el pasado 30 de diciembre por Asylum Access México, Sin Fronteras IAP, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
’El gobierno mexicano no puede seguir coadyuvando en políticas que violan el derecho a la protección de las personas y que representan ir en contra de nuestra Constitución y compromisos internacionales. No podemos seguir permitiendo que el Estado mexicano siga coludido con el gobierno estadounidense para poner en riesgo la integridad de las familias que buscan protección. Las personas están huyendo de sus países porque su vida corre peligro y como Estado mexicano tenemos el compromiso de garantizar protección a quienes buscan asilo, no de revictimizarles y colocarles en condiciones de mayor vulnerabilidad’.
El Programa ’Quédate en México’ fue reinstalado el 2 de diciembre de 2021. De acuerdo con la organización Human Rights First el 7 de diciembre de 2021 se regresó a las primeras personas a través de Ciudad Juárez, Chihuahua. Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reporta que del 7 de diciembre al 4 de enero de 2022 se han regresado a 217 personas provenientes de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Ecuador y Colombia.
Las organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y México han señalado que ’no hay forma de que este programa tenga un enfoque de derechos humanos ni de protección’, por el contrario, se ha documentado como representa exponerlos a diversas violencias como secuestro, extorsión y violaciones sin que el Estado mexicano garantice su acceso a la justicia.
Durante la primera vez que este programa fue puesto en marcha, enero de 2019 a enero 2021, se devolvió a México a más de 72 mil personas -40% mujeres y 33% niñez- sin garantizarles acceso a salud, educación, empleo y vivienda pese a que el gobierno mexicano se comprometió a hacerlo. Además, de acuerdo con la documentación de Human Rights First se registraron más de mil 300 eventos violentos -incluso la muerte- contra esta población, perpetrados por policías, agentes de migración y bandas del crimen organizado. El 15 de diciembre de 2020, el IMUMI y la FJEDD presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por dichos actos violentos sin que a la fecha haya alguna respuesta o reparación del daño, al tiempo que se presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además de que desde 2020 las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la oportunidad de pronunciarse contra la participación del gobierno mexicano en políticas de asilo contrarias a nuestra Constitución como el Programa ’Quédate en México’. A la fecha no se hay ningún pronunciamiento al respecto.
Cabe señalar que a diferencia de la primera vez que se instauro dicho programa, que se limitaba a personas de países hispanoparlantes, esta reinstalación establece el regreso de personas de todo el continente, incluido Haití. Los puntos fronterizos por donde se han realizado las devoluciones hasta ahora son San Diego y El Paso.
