Introducción
En Oaxaca, ejercer el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo. No por la delincuencia organizada, como suele pensarse, sino por el propio aparato gubernamental. Las agresiones contra periodistas no solo se multiplican: se encubren, se normalizan y, en muchos casos, se originan desde las oficinas del poder.
El último caso: agresión en San Andrés Dinicuiti
El pasado domingo 24 de agosto, Álvaro Medina Sánchez, director general del medio regional Correo Mixteco, fue víctima de agresiones verbales y de un intento de despojo de su equipo de trabajo mientras cubría actividades en el municipio de San Andrés Dinicuiti, en la región Mixteca.
Según su testimonio, el agresor fue hermano de la presidenta municipal, Yessica Cruz Ortiz, lo que convierte el incidente en una afrenta directa desde el entorno del poder local. Medina, con más de 30 años de trayectoria, calificó los hechos como un ataque a la libertad de expresión y exigió al gobernador Salomón Jara garantías reales para el ejercicio periodístico:
> ’No pedimos privilegios, pedimos garantías’.
El periodista anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, mientras el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) expresó su respaldo y exigió una investigación seria, sanciones ejemplares y condiciones seguras para la prensa en la Mixteca.
Radiografía de la violencia
Este caso se suma a una larga lista de agresiones en Oaxaca. Según Artículo 19, entre enero de 2018 y junio de 2024 se documentaron al menos 120 ataques contra periodistas o medios en el estado, incluyendo amenazas, hostigamientos y agresiones físicas.
En 2023, Oaxaca ocupó el cuarto lugar nacional en agresiones a periodistas, según el informe Disentir en Silencio. La mayoría de los ataques provino de funcionarios públicos municipales, lo que coincide con el patrón observado en San Andrés Dinicuiti.
Los casos emblemáticos revelan un patrón:
- Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado en 2021 tras denunciar corrupción municipal.
- Heber López Vásquez, ejecutado en 2022 por su labor crítica sobre obras públicas.
- Erika Juárez, periodista comunitaria agredida tras cubrir conflictos agrarios.
En todos los casos, las autoridades intentaron desvincular los crímenes del ejercicio periodístico, pese a las evidencias. La Fiscalía estatal mantiene opacidad total, y el Mecanismo de Protección ha sido insuficiente.
Además de la violencia física, los periodistas enfrentan una guerra simbólica. Desde el poder se promueve la narrativa de que los comunicadores ’provocan’ o ’desinforman’, legitimando la agresión y desactivando la empatía social.
A nivel nacional, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para la prensa. La UNESCO ha documentado más de 150 asesinatos de periodistas en la última década, muchos en contextos de violencia vinculada al crimen organizado y autoridades locales.
A pesar del hostigamiento, periodistas independientes, comunitarios y mujeres comunicadoras continúan informando. Lo hacen desde radios locales, redes sociales y medios alternativos, muchas veces sin salario ni garantías. Su labor es esencial para visibilizar conflictos agrarios, abusos de poder y demandas indígenas que los medios tradicionales ignoran.
En conclusión
Oaxaca no solo es un estado con altos índices de agresión a periodistas. Es un laboratorio de impunidad donde el silencio se fabrica desde el poder. Mientras el Estado siga siendo juez y parte, la libertad de prensa será una promesa vacía..
