De conformidad con el dictamen, no es factible otorgar esa autorización porque no hay un diagnóstico claro de las finanzas de cada municipio, no existen proyectos de inversión específicos de combate a la pobreza, no se consideran los compromisos previos de las participaciones de cada municipio con deudas contraídas previamente (Issemym, laudos, CFE, ACAEM, etcétera), no se conoce hasta el momento la real capacidad recaudatoria de cada uno de los 125 municipios y no están calificadas sus haciendas por instituciones confiables que permitan la certeza de que no asumirán los municipios compromisos que no generaran más problemas que soluciones.
En este punto, la diputada Alicia Mercado Moreno, de morena, recordó que los municipios mexiquenses viven una crisis en sus finanzas debido a las malas prácticas de gobiernos anteriores, pero conforme a la legislación cuentan con los instrumentos adecuados para decidir si pueden o no recurrir al financiamiento privado, por lo que se pronunció por que se tomen estas decisiones con base en la necesidad de apoyar a la población conforme al cambio que se promueve y no en intereses políticos.
