La detención de Diego Rivera Navarro, figura morenista en el Pueblo Mágico de Tequila, Jalisco, ha destapado una vez más la cloaca de corrupción y complicidad que parece definir a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. Mientras el discurso oficial desde Palacio Nacional, heredado por Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, predicando una honestidad que no se ve en los hechos, la realidad en Jalisco confirma que la omisión de responsabilidad es el sello distintivo de los políticos alineados con el grupo cercano a la presidencia y los intereses del llamado "Cártel de Macuspana".
Este operativo federal, que resultó en la captura de Rivera Navarro por presunta extorsión y nexos con el crimen organizado, no es un caso aislado, sino el síntoma de una metástasis institucional que salpica incluso a las esferas más encumbradas de la política nacional.
En Tequila, la impunidad parece haber sido la moneda de cambio; se señala que la red criminal operaba con total libertad, asfixiando a la industria tequilera y cervecera bajo esquemas de "cobro de piso" que el gobierno federal —demasiado ocupado en las maniobras políticas de personajes como Adán Augusto López y la operatividad de "la barredora"— prefirió ignorar hasta que el escándalo fue insostenible.
Resulta evidente que la administración actual mide con ’distinta vara’ a los suyos. Mientras desde la tribuna legislativa figuras como Gerardo Fernández Noroña defienden la supuesta pureza del movimiento, se tiende un manto de protección sobre los cuadros morenistas y los negocios señalados de los hijos del presidente, hasta que la presión social o las investigaciones locales fuerzan la acción.
El caso de Rivera Navarro es ejemplar y es que, a pesar de antecedentes que presuntamente lo vinculaban a eventos donde se rendía culto a liderazgos delictivos, el partido de la 4T mantuvo su respaldo absoluto, permitiendo que la criminalidad se sentara en la silla de mando de uno de los municipios más emblemáticos de México.
Hoy, la exigencia de justicia en Jalisco no es solo un reclamo partidista; es el grito de una sociedad cansada de ver cómo sus gobernantes se convierten en encubridores y colaboradores de los grupos que dañan a las familias.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) permanece atento a los informes oficiales sobre la detención de este personaje de extracción morenista, señalado por delitos graves, y exige a las autoridades federales una investigación seria, transparente y en total apego a la ley, sin las protecciones políticas habituales de la 4T.
La recurrencia de casos similares, donde servidores públicos alineados al proyecto ’cuatroteista’, a lo largo y ancho del territorio nacional, son señalados cotidianamente por presuntos vínculos criminales, lo cual ya es preocupante y debe atenderse de manera inmediata.
México y Jalisco merecen gobernantes que se conduzcan con honestidad y patriotismo, no una red de complicidades que llega hasta los círculos más íntimos del poder central.
La pregunta que queda en el aire es cuántos "enjambres" más se necesitan para limpiar una estructura donde la lealtad ciega parece ser el único requisito para gozar de inmunidad, mientras el priismo local advierte que no callará ante la tan frecuente comisión de delitos, llevados a cabo desde el ejercicio del poder gubernamental.
