El pasado viernes 13 de marzo, el patio del Palacio Legislativo de Jalisco no fue el escenario de un diálogo institucional robusto, sino el mudo testigo de un vacío político que grita más que las consignas.
En un entorno desolado, marcado por la ausencia física de las bancadas mayoritarias, un bloque de cuatro legisladoras de oposición y representantes de por lo menos medio centenar de colectivos civiles, transformaron la orfandad parlamentaria en un tribunal social. La sentencia fue unánime, la exigencia de destitución inmediata de Diego Monráz Villaseñor, titular de la Secretaría de Transporte, a quien señalan como el artífice de un retroceso histórico que ha convertido el derecho a la movilidad en un negocio de opacidad y exclusión.
La sesión inaugural de estas mesas deliberativas puso de relieve la fractura entre el discurso oficial de modernización y la realidad de las periferias. Mientras el Gobierno del Estado defiende su modelo de gestión, las diputadas Mariana Casillas, Tonántzin Cárdenas, Itzúl Barrera y Candelaria Ochoa desmenuzaron un expediente de omisiones que raya en el desprecio social.
Resulta alarmante que, ante el reclamo por la desaparición de rutas vitales en los distritos 9 y 11, la respuesta del secretario Monráz —según se denunció en el encuentro— fuera la estigmatización de los usuarios, calificándolos de "violentos" para justificar el abandono institucional. Este sesgo clasista no es solo una falta de ética política, sino el síntoma de una gestión que ha preferido el "jineteo" de recursos a través del sistema de prepago sobre la eficiencia del servicio.
La situación actual se describe como un "retroceso histórico", fundamentado en los siguientes fallos críticos que han degradado la calidad de vida en el Área Metropolitana de Guadalajara.
El pliego petitorio presentado por la Asamblea Popular contra el ’Tarifazo’ no es una simple lista de quejas, sino un desafío estructural al modelo de concesiones privadas.
La propuesta de estatización progresiva del transporte para el año 2030 busca arrebatarle al lucro la rectoría de las calles. Al exigir una auditoría integral a los monopolios vigentes, la dignificación laboral de los choferes como servidores públicos y un sistema de pago único con transbordos ilimitados, la ciudadanía está planteando una "desprivatización" que choca frontalmente con los intereses protegidos desde el poder.
La propuesta de una tarifa social de 4.75 pesos y la gratuidad para sectores vulnerables no son concesiones, sino actos de justicia en un estado donde el gasto familiar en transporte se ha vuelto insostenible.
Sin embargo, el panorama para estas reformas es adverso y revela las carencias democráticas del Congreso local. Con una Comisión de Movilidad bajo el control férreo de Movimiento Ciudadano y la sombra de un veto ejecutivo ya anunciado por el Gobernador incluso antes de conocer el texto final de las leyes, la iniciativa parece nacer sentenciada al archivo.
El "Congreso vacío" de este viernes es la metáfora perfecta de una legislatura que le da la espalda al debate técnico y social cuando este incomoda al Ejecutivo. Como bien señalaron las legisladoras, la viabilidad de estas reformas no dependerá de la voluntad de quienes hoy ostentan la mayoría, sino de la capacidad de la presión social para forzar los votos necesarios.
Si el transporte en Jalisco ha de dejar de ser el negocio de unos cuantos, la batalla se librará más en las calles que en un patio legislativo que, por ahora, prefiere el silencio y la ausencia.
Freno al Tarifazo y Auditoría Integral: Exigencia inmediata de detener cualquier intento de incremento a la tarifa actual de 9.50 pesos. Se demanda una revisión profunda del dictamen tarifario y de las concesiones vigentes para identificar y desarticular concentraciones monopólicas que lucran con el pasaje.
Estatización y Gestión Pública: Tránsito hacia un modelo de gestión pública autónoma, eliminando el esquema de concesiones privadas. El objetivo es recuperar la rectoría del Estado para priorizar el derecho humano a la movilidad sobre el beneficio económico de los transportistas.
Subsidios y Tarifas Sociales: Implementación de gratuidad total para adultos mayores, personas con discapacidad, cuidadores y familias de personas desaparecidas. Asimismo, se propone una tarifa social de 4.75 pesos para estudiantes y trabajadores del sector informal.
Dignificación del Gremio: Transformar a los choferes en servidores públicos con derechos plenos, eliminando el modelo de explotación actual. Esto incluye jornadas laborales de 8 horas, salarios dignos y todas las prestaciones de ley para garantizar seguridad tanto al trabajador como al usuario.
Sistema de Pago Único y Transbordos: Creación de suscripciones temporales (diarias o mensuales) que permitan el uso ilimitado de rutas y transbordos sin costo adicional, evitando el doble o triple cobro que afecta la economía familiar.
Incumplimientos y Crisis del Servicio Público
Abandono de la Periferia: La desaparición de rutas críticas (como la 45, 207, 249 y 258A entre muchas más) ha dejado a colonias del oriente y zonas de los distritos 9 y 11 en un estado de aislamiento, obligando a los ciudadanos a largas caminatas o al uso de transportes informales costosos.
Opacidad en el Sistema de Prepago: Se señala un "jineteo" sistemático de los excedentes generados por el sistema de pago electrónico. La falta de transparencia en el destino de los centavos que el sistema no regresa (cuando el usuario paga en efectivo 10 pesos) representa una sangría constante al bolsillo ciudadano.
Estigmatización del Usuario: En lugar de soluciones técnicas, la autoridad ha respondido con violencia institucional, calificando a los habitantes de zonas marginadas como "peligrosos" para justificar la falta de unidades y frecuencias de paso en dichas comunidades.
Inexistencia de Transporte Nocturno: A pesar de las promesas legislativas, la ciudad carece de un sistema formal de transporte nocturno, lo que vulnera la seguridad de los trabajadores que terminan jornadas tarde y de las mujeres que transitan la ciudad en horarios de riesgo.
Deterioro de la Flota y Frecuencias: Las unidades presentan un desgaste evidente y los tiempos de espera han aumentado drásticamente, provocando hacinamiento extremo en las horas pico, lo que convierte el traslado diario en una experiencia indigna y peligrosa.
Evidenciando con esto, que el modelo de movilidad presumido por el equipo incondicional al gobierno de Pablo Lemus, encabezado por Diego Monráz, no solamente ha condenado al transporte público, para favorecer al que ellos definen como transporte masivo, afectando a millones de usuarios no solamente en lo económico, sino también, vulnerando las condiciones de seguridad al dejar a la suerte de los ciudadanos, exponiéndolos a riesgos, derivados de la discrecionalidad operativa, sin supervisión del cumplimiento de los derroteros, salidas, recorridos y llegadas a sus destinos dentro de la ruta, quedando lejos la certeza de que las unidades cumplan con los tiempos establecidos de su servicio. Algo que para el ejecutivo estatal, se limita a anunciar aplicaciones electrónicas para dar seguimiento al recorrido de dichos camiones, pero sin compromiso real ni supervisión en físico de que eso suceda realmente.
Evidenciando que su capacidad como gobierno, se limita a tomar decisiones sobre las rodillas y desde el escritorio, desconociendo una triste realidad que viven millones de usuarios cotidianamente.
