En el debate público sobre la Línea 6 del Cablebús hacia Milpa Alta, se ha instalado una narrativa que presenta el proyecto como una imposición autoritaria, presuntamente "rechazada por la comunidad’, así como una amenaza directa al territorio indígena y al suelo de conservación.
Sin embargo, una revisión más amplia de los hechos de la participación social y de lo ocurrido, tanto en territorio como en el espacio digital, muestra un escenario más complejo y sobre todo, distinto al que algunos articulistas intentan fijar como verdad única.
A decir de las autoridades correspondientes, en diversos ejercicios de opinión, así como la observación directa de asambleas y encuentros comunitarios, indican que alrededor del 70 por ciento de la población —o incluso 8 de cada 10 personas— manifiesta respaldo al Cablebús, principalmente por los beneficios en movilidad, ahorro de tiempo y reducción de gastos de traslado. Esta tendencia no se limita a encuestas informales: se expresa de manera reiterada en asambleas, reuniones vecinales y redes sociales, donde el apoyo supera con claridad a las voces opositoras.
Es así que, contrario a la idea de una obra ’hecha en secreto’, el proceso de información y consulta se sostiene y permanece en comunicación directa entre autoridades y pueblos a través de sus distintas representaciones comunitarias; por lo tanto, no se trata de un acto aislado ni clandestino, sino de un proceso gradual que, como ocurre en cualquier proyecto de gran escala, ha generado debate y posiciones encontradas, sin que ello signifique ausencia de diálogo.
En este contexto, es relevante señalar que los intentos de boicotear asambleas deliberativas han sido protagonizados por grupos extremadamente minoritarios, en varios casos, personas ajenas a los pueblos donde se realizan dichas asambleas, que recurren a la confrontación, la violencia verbal o física y a la victimización mediática como forma de incidencia.
Estos hechos, documentados por asistentes y vecinos, han limitado la participación libre de la mayoría y distorsionado la percepción pública del proceso.
Uno de los principales temores difundidos en la discusión, es que el Cablebús detonará un crecimiento urbano descontrolado o un cambio de uso de suelo en Milpa Alta. No obstante, las dependencias involucradas como —SEPI, SEMOVI y SOBSE— han sido claras y reiterativas en descartar cualquier modificación al uso de suelo, así como en señalar que, la obra no tiene como objetivo urbanizar ni abrir la puerta a desarrollos inmobiliarios, sino resolver una deuda histórica de movilidad con una de las alcaldías más aisladas de la ciudad.
Lejos de ’tragar’ a Milpa Alta, la intención del proyecto es reducir las desigualdades territoriales, facilitando el acceso a escuelas, centros de trabajo y servicios para miles de personas que hoy invierten varias horas diarias y una parte significativa de su ingreso en traslados.
Vale la pena mencionar que, para muchas familias, el Cablebús no representa una amenaza, sino una herramienta para mejorar su calidad de vida sin abandonar su territorio.
Finalmente, es preciso mencionar que, el debate sobre los derechos agrarios e indígenas es legítimo y necesario. Sin embargo, presentar a una minoría radical como si fuera la totalidad de la comunidad, o descalificar de antemano a quienes apoyan el proyecto como ’cooptados’ o ’manipulados’, más allá de ser un conjunto de juicios de valor, también constituye una forma de negación de derechos: el derecho de la mayoría a decidir y a ser escuchada.
Milpa Alta no es un territorio homogéneo ni políticamente monolítico. Es una alcaldía viva, con posturas diversas y con una discusión en curso que no puede reducirse a una sola voz ni a un solo artículo. En esa pluralidad, el reto no es frenar el debate, sino evitar que se secuestre la representación comunitaria y se confunda la defensa legítima del territorio con la imposición de una minoría que no refleja el sentir mayoritario de sus habitantes.
