La presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 por la diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ha sido envuelta en un manto de retórica triunfalista y elogios autoimpuestos. Al calificar el dictamen como una "expresión de madurez institucional" que "protege el alma social de la nación", la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena ignora o minimiza las legítimas preocupaciones sobre la sostenibilidad, la transparencia y la efectividad real de un gasto público que ya asciende a la cifra récord de más de 10 billones de pesos.
El discurso de que "cada peso" está orientado a garantizar que "el progreso no sea un privilegio sino derecho" suena hueco si se contrasta con la persistente crisis de inseguridad, el estancamiento económico en sectores clave o la creciente deuda pública que hipoteca el futuro. Si bien se celebra la cuantiosa asignación a los Programas para el Bienestar —más de 987 mil millones de pesos—, presentarlos como la "columna vertebral" del proyecto sin debatir seriamente su impacto a largo plazo en la productividad o la forma en que se distribuyen (evitando intermediarios, sí, pero también mecanismos de focalización más eficientes) es reducir la política social a una mera transferencia de recursos con un alto potencial clientelar. El "acto de amor al pueblo" debe ir acompañado de un riguroso ejercicio de rendición de cuentas.
La supuesta "responsabilidad compartida" entre poderes y ciudadanía que invoca la diputada es un ideal que choca con la realidad del proceso presupuestal, donde la mayoría legislativa ha mostrado una férrea disciplina para aprobar la propuesta del Ejecutivo sin modificaciones sustanciales, limitando el debate plural y la verdadera "construcción de acuerdos que trascienden ideologías". ¿Dónde está la madurez institucional cuando se centraliza el gasto y se reducen los márgenes de maniobra de gobiernos locales y organismos autónomos?
El incremento en salud, impulsando al IMSS-Bienestar con 965 mil millones de pesos, promete un "cambio de paradigma", pero la crisis de desabasto de medicamentos y el deterioro en la calidad de la atención persisten como un lastre. Lo mismo ocurre en seguridad, donde los 343 mil millones de pesos asignados no han logrado traducir la inversión en la "tranquilidad de las familias" o el fortalecimiento efectivo del Estado de derecho, siendo los índices de violencia una prueba diaria del fracaso de la actual estrategia.
Finalmente, la apuesta por las "obras estratégicas" con más de 215 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura, mientras se justifica que "la infraestructura es mucho más que cemento y acero", omite el elefante en la habitación: los sobrecostos, la opacidad en las licitaciones y el bajo rendimiento de grandes proyectos insignia cuya rentabilidad social y económica es, cuando menos, cuestionable.
En lugar de una celebración acrítica de la propia gestión, lo que la nación requiere es una autocrítica honesta: gastar "con sentido" no es solo inflar el presupuesto social para cumplir una promesa política, sino asegurar que cada peso maximice el bienestar general, impulse el crecimiento sostenible y se someta a una fiscalización exhaustiva. El PEF 2026 podrá ser la expresión de una voluntad política, pero dista de ser la prueba irrefutable de la "justicia eficiente" y la "inteligencia al servicio del pueblo" que la diputada Gómez Pozos pregona.
