Llamamos al gobierno de México a elaborar y difundir ampliamente las formas en que facilitará información y brindará apoyo humanitario a las más de 20 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos (EUA) que cuentan con casos abiertos y que permanecen en la frontera norte del país, quienes fueron regresadas a México bajo el Protocolo ’Quédate en México’, garantizando su integridad física ante la violencia que viven, luego de que el gobierno estadounidense anunciara que este 19 de febrero comenzará el registro en línea para el ingreso paulatino de esta población.
El pasado 11 de febrero el Departamento de Seguridad Nacional de EUA anunció un proceso para atender a la población que se encuentra en nuestro país bajo esta política, que entre otras cosas, señala que mañana iniciará la primera fase del programa para restaurar un proceso de asilo justo para esta población. Aunque en la nota informativa señalan que este proceso se logrará con el apoyo del gobierno mexicano, éste no se ha pronunciado al respecto. A la fecha se sabe que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados será la instancia encargada de la plataforma de registro y la difusión de los criterios de vulnerabilidad para el ingreso a Estados Unidos de la población bajo esta política.
En reiteradas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que en México se protegen los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, y aunque el discurso institucional habla de una migración segura, para las más de 20 mil personas que aún se encuentran en nuestro país bajo ’Quédate en México’ esto no es una realidad.
Organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos hemos documentado como las personas bajo esta política han sido víctimas de secuestro, violencia, agresiones sexuales, robo y ataques violentos, sin que exista una restitución del daño para esta población que el gobierno mexicano decidió aceptar desde el 20 de diciembre de 2018 y que se comprometió a proteger. El 15 de diciembre de 2020 se promovió una denuncia ante la Fiscalía General de la República sobre secuestros a esta población.
De acuerdo con la documentación de la organización Human Rights First sobre reportes públicos de casos de violencia contra personas retornadas a México bajo ’Quédate en México’, entre el 29 de enero de 2019 y diciembre de 2020 se contabilizaron 1,314 víctimas de secuestro, extorsión, agresiones sexuales y robos, vividas antes o después (o ambas) de ponerles bajo esta política. En el 100 por ciento de los casos estuvieron involucrados agentes de migración, policía federal y estatal y bandas del crimen organizado. El 90 por ciento de los casos corresponden a mujeres y sus familias y un 10 por ciento a hombres. Los estados donde se registraron los hechos violentos son: Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco y Ciudad de México.
Mientras que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la posibilidad de garantizar que las políticas migratorias y de asilo de México tengan una perspectiva de derechos humanos y de género, como resultado de un amparo promovido (302/2020) contra la participación del Estado mexicano en una política migratoria (’Quédate en México’) violatoria de derechos humanos y de nuestra Constitución.
’Las mujeres y sus familias con necesidades de protección internacional llevan más de 650 días viviendo con miedo, estrés y en condiciones inhumanas porque como país no pudimos garantizarles una estancia libre de violencia y cumplir con el compromiso que se asumió de brindarles empleo, educación, salud y bienestar durante la espera de sus casos de asilo en Estados Unidos. Ninguna persona que huye de la violencia y la persecución merece vivir con miedo y con la indiferencia de las autoridades mexicanas’.
