El Poder Legislativo de Jalisco enfrenta una crisis de eficiencia que golpea directamente al erario público. Según datos oficiales del sistema INFOLEJ, la falta de dictaminación de iniciativas durante 2025 no solo representa un estancamiento jurídico, sino un gasto millonario sin retorno social. Con un presupuesto ejercido de 1,053 millones de pesos, el costo promedio de operación por cada iniciativa presentada asciende a 1 millón 470 mil pesos, una cifra alarmante cuando se considera que el 57% de las propuestas terminan en la "congeladora".
Durante el ejercicio 2025, se presentaron 714 iniciativas, de las cuales 408 permanecen sin dictamen, violando en múltiples ocasiones el plazo legal de 60 días naturales estipulado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El análisis financiero es contundente:
Rezago total: Más de 600 millones de pesos del presupuesto anual se encuentran "detenidos" en procesos legislativos inconclusos.
Comisión de Puntos Constitucionales: Es el principal cuello de botella, con un rezago que equivale a un gasto de 200 millones de pesos.
Comisión de Estudios Legislativos: Acumula pendientes por un valor operativo de 100 millones de pesos.
La denuncia pública, realizada ante los medios informativos, por la diputada Brenda Guadalupe Carrera García, señala que la actividad legislativa se ha convertido, en muchos casos, en un acto de simulación mediática. "Legislar no es solo presentar iniciativas para la foto; legislar es darles cauce y resolverlas", sentenció la legisladora, quien atribuye este rezago a una posible negligencia, falta de pericia técnica o al uso del tiempo legislativo para fines electorales de cara a los comicios de 2027.
El impacto de esta inacción no es solo contable. Al detener propuestas en materia de seguridad, salud, justicia y derechos humanos, el Congreso falla en su misión de resolver las problemáticas más apremiantes de la entidad.
Ante este escenario, se ha presentado formalmente una iniciativa para crear una Comisión Especial, Temporal y Transitoria, la cual llevaría a cabo la función supervisar el trabajo legislativo, esta sería la Comisión Especial Evaluadora de los Trabajos que realizan las Comisiones Legislativas del Congreso del Estado. El objetivo de este órgano no sería sancionador, sino estrictamente evaluativo: emitir un informe mensual que detalle qué iniciativas están detenidas, desde cuándo y por qué razones no han sido procesadas.
Esta propuesta busca que el Congreso de Jalisco asuma la transparencia que exige a otros niveles de gobierno, garantizando que cada peso invertido en la labor legislativa se traduzca en leyes y decretos útiles para la ciudadanía, y no en gastos de operación desperdiciados en comisiones que han dejado de cumplir con sus plazos legales.
