La sombra del "Plan B" de la reforma electoral proyectada desde el centro del país ha comenzado a generar fisuras y posturas encontradas en el Congreso del Estado de Jalisco.
Mientras las representaciones de los partidos aliados a la Cuarta Transformación abogan por la cautela y la austeridad, la oposición advierte sobre una estrategia sistemática para asfixiar las soberanías estatales y consolidar un modelo de partido hegemónico que pone en riesgo la equidad democrática de cara a los próximos procesos electorales de 2027 y 2030.
Desde la bancada de Hagamos (partido hoy desaparecido), el diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla reconoce que, si bien la reflexión sobre el costo de los congresos estatales es válida y el ahorro es un objetivo positivo, existe un límite constitucional que no debe ser transgredido: el régimen interno de las entidades federativas.
Para el legislador, cualquier intento de legislar desde la Cámara de Diputados federal sobre la estructura operativa de Jalisco representaría una imposición inaceptable. Bravo Padilla subraya que la repercusión más delicada es la vulneración de la autonomía estatal, señalando que los lineamientos de austeridad deben ser fruto de un diálogo con los estados y no una directriz unilateral que ignore las particularidades locales, como el número de legisladores y regidores que, a su juicio, en Jalisco no presentan abusos.
En un matiz marcadamente institucional, la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, representante de Futuro (ya sin presencia político electoral) —fuerza que ha manifestado su continuidad dentro del proyecto de la "Cuarta Transformación" tras la pérdida de su registro local—, sostiene que la discusión en Jalisco aún está en una fase de espera técnica. Su postura resalta que la verdadera repercusión solo podrá medirse una vez que exista una ley federal promulgada para proceder a lo que denomina la "tropicalización" de la norma.
Cárdenas Méndez percibe esta reforma no como una amenaza, sino como una oportunidad para revisar la eficiencia del gasto legislativo. No obstante, admite su preocupación por la falta de voluntad política para homologar otras reformas previas, como la del Poder Judicial, sugiriendo que el éxito del "Plan B" dependerá de si se respeta la facultad de los estados para construir metodologías propias de evaluación y operación.
La crítica más frontal y severa proviene del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La diputada María del Refugio Camarena Jáuregui califica la narrativa de austeridad del Gobierno Federal como un "disco rayado", argumentando que la reforma no busca el ahorro, sino la desaparición de la oposición y el debilitamiento de los estados y municipios donde no gobierna Morena.
Según la visión del PRI, la repercusión inmediata es una violación flagrante al artículo 115 constitucional al intentar limitar el número de regidores y los presupuestos locales.
Camarena Jáuregui advierte que el trasfondo es la construcción de una estructura electoral inequitativa y el uso de la revocación de mandato como una herramienta de campaña que coincide con las elecciones federales, rompiendo acuerdos previos de neutralidad democrática.
Para los coordinadores de Jalisco, el panorama es claro: el "Plan B" trasciende lo electoral para convertirse en una disputa por la soberanía estatal. Mientras unos esperan el dictamen final para ajustar cuentas internas, otros ven en la iniciativa un caballo de Troya que, bajo la bandera de la austeridad, pretende centralizar el poder y asfixiar financieramente a los contrapesos locales.
