En un ejercicio de equilibrismo político y disciplina fiscal, el Congreso del Estado ha ratificado su Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026, consolidando una bolsa total de $1,109,390,966.70 (Mil ciento nueve millones trescientos noventa mil novecientos sesenta y seis pesos con setenta centavos).
Esta determinación financiera envía un mensaje de austeridad dirigida hacia la cúpula legislativa, al confirmar que no existirán incrementos en las dietas de los legisladores ni en las percepciones del Secretario General, buscando blindar con ello, la imagen del Poder Legislativo frente a las exigencias de contención del gasto público.
Sin embargo, el núcleo del presupuesto revela una estructura profundamente rígida, donde el gasto corriente y la nómina absorben la mayor parte del capital político y financiero. Del total de los recursos, $953,271,614.26 —equivalentes al 85.93%— se han etiquetado exclusivamente para el pago de sueldos y prestaciones. A pesar de este volumen, la estrategia parlamentaria se ha centrado en resaltar que el incremento global en el capítulo de servicios personales se mantuvo en un 3.23%, cifra que se sitúa estratégicamente por debajo de la inflación anual del 3.69%, cumpliendo así con las restricciones de la Ley de Disciplina Financiera y evitando señalamientos de excesos presupuestarios.
En el desglose de los beneficios laborales, el enfoque se ha puesto en el personal de base, quienes recibirán aumentos escalonados de $500 pesos quincenales por semestre, acumulando una mejora mensual de $2,000 pesos al cierre del año.
Esta medida, sumada al incremento del 3.5% para coordinadores y titulares de órganos técnicos, sugiere una intención de fortalecer la estructura operativa y técnica del Congreso, mientras se integran previsiones obligatorias derivadas de resoluciones jurisdiccionales que el Poder Legislativo no pudo eludir.
Más allá de la nómina, el presupuesto destina $123,139,380.72 (11.10%) a servicios generales, con una apuesta política por la modernización institucional y el cumplimiento normativo.
Destaca la inversión proyectada para el Archivo General del Congreso, un movimiento que busca saldar la deuda pendiente con la Ley General de Archivos y mejorar la infraestructura de los edificios legislativos, como el ubicado en la avenida Juárez.
Con una asignación marginal del 0.76% para la operación diaria y un 2.21% para equipamiento y software, el Congreso entra en un periodo de definición de 30 días, plazo en el que el Plan Anual de Compras terminará de perfilar el destino final de cada peso, bajo el escrutinio de la transparencia administrativa.
