La administración de Pablo Lemus ha tropezado con su propia estrategia financiera disfrazada de política pública.
Lo que se presentó inicialmente como una modernización del transporte en Jalisco, terminó por desnudarse como un burdo intento de bancarización forzada, orquestado entre la cúpula estatal y un grupo de transportistas cuya voracidad parece no tener límite.
Al intentar imponer el uso de una tarjeta de prepago bajo la amenaza de una tarifa punitiva de 14 pesos para quienes pagaran en efectivo, el gobernador Lemus abandonó su investidura de servicio social para asumir, con un frío pragmatismo, el rol de un gerente bancario más preocupado por "enganchar" clientes que por garantizar derechos.
Este esquema, que pretendía comprometer legal y financieramente a tres millones de usuarios, resultó en una maniobra discriminatoria y elitista.
En un estado donde el servicio de transporte urbano es crónicamente deficiente y ni siquiera cumple con los 18 puntos básicos de mejora exigidos para el aumento previo, pretender que el ciudadano financie el sistema mediante instrumentos bancarizados es un insulto a la realidad cotidiana.
Mientras los traslados se encarecen y las "horas-hombre" se pierden en esperas interminables, la respuesta oficial no fue la empatía, sino un doble discurso que buscaba capitalizar la necesidad del traslado básico.
La reciente marcha atrás en la obligatoriedad de este plástico no debe leerse, bajo ninguna circunstancia, como un acto de benevolencia o sensibilidad social por parte del Ejecutivo.
Es, en realidad, una retirada estratégica ante el insostenible costo político que la medida empezó a facturar.
El reclamo generalizado, las manifestaciones y la evidente falta de socialización de un proyecto que nació como imposición, obligaron a Lemus a recular.
La "corrección" del incremento no borra la intención original, quedó en evidencia un gobierno que prefiere el entramado financiero sobre el bienestar común, y una administración que solo escucha al pueblo cuando el ruido de la inconformidad
