Ciudad de México y Guadalajara, 26 de octubre de 2023.- El próximo 30 de octubre se llevará acabo la 88° sesión del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) en la que las organizaciones Caminantas, el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, A.C, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Las Vanders y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) informarán sobre los retrocesos en la política migratoria de México y su impacto en la garantía de derechos de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad.
Recopilados en el informe alterno sobre la situación de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad 2023, las organizaciones documentaron como el avance de la militarización de la política migratoria, a través de la incorporación de perfiles militares en los puestos de mando del Instituto Nacional de Migración y el involucramiento de la Guardia Nacional en tareas de control y verificación migratoria, generaron escenarios de mayor riesgo de violencia física, sexual, psicológica e institucional para las mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional. Incluso, el enfoque militarizado de la seguridad pública ocasionó un aumento en los eventos de desplazamiento interno generando mayores cargas de cuidados para las mujeres.
El enfoque de contención y criminalización de la migración resultó en un aumento en los eventos de detención migratoria de mujeres, 71,788 en 2022 frente a los 31,679 registrados en 2018, durante el noveno examen del Estado mexicano frente al Comité CEDAW. Además, la detención de niñas ha continuado, pese a que desde 2021 se prohibió su detención y la de sus familias.
El informe también muestra como hay un incremento de ’devoluciones en caliente’ al registrarse expulsiones expeditas sin garantía al debido proceso o al derecho a solicitar asilo, sobre todo en aeropuertos y fronteras, situaciones que afectan de forma desproporcionada a las mujeres cuidadoras, dando como resultado casos de separación familiar. A ello se suma la falta de una perspectiva de género en la política migratoria del país.
El documento emite una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre las cuales se encuentran: elaborar lineamientos y criterios públicos, desde una perspectiva de género, que faciliten al personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) robustecer el nexo causal por razón de género en los procesos de solicitud y reconocimiento de la condición refugiadas de las mujeres y las niñas; fortalecer con recursos humanos y materiales a las fiscalías especializadas en delitos contra personas en movilidad; desvincular la documentación migratoria con autorización para trabajar de la oferta de un empleador en el marco legal y político migratorio; garantizar el acceso a la seguridad social de las jornaleras agrícolas migrantes y sus familias; crear mecanismos que regulen las relaciones laborales entre las trabajadoras migrantes y sus empleadores; reconocer las necesidades de las mujeres desplazadas internamente; mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los Sistemas DIF para la protección efectiva de la niñez y la adolescencia; garantizar el acceso a la justicia y reparación del daño; y generar programas y políticas públicas orientadas a garantizar el derecho de las mujeres y las niñas en contexto de movilidad a una vida libre de violencia.
Ahora que las organizaciones han presentado contribuciones escritas al Comité CEDAW, el Estado mexicano debe elaborar un informe detallando los avances en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención y en las observaciones finales de su noveno examen, las cuales, por primera vez, incluyeron recomendaciones sobre mujeres migrantes, solicitantes de asilo y reconocidas como refugiadas. Las organizaciones hacemos un llamado al Estado mexicano a generar un mecanismo interinstitucional para implementar las observaciones finales que emita el Comité CEDAW en el marco del décimo examen, así como las recomendaciones elaboradas por las organizaciones a fin de garantizar los derechos de las niñas y las mujeres en contextos de movilidad
