El Tijeretazo Político
Joaquin Bojorges
Las tijeras del poder han vuelto a afilarse, listas para recortar los hilos de la libertad digital en México. Con el pretexto de regular el entorno virtual y combatir la desinformación, el Congreso de la Unión discute una reforma que podría convertirse en un golpe certero contra la libertad de expresión.
La llamada Ley Mordaza, promovida por la mayoría oficialista, pretende instaurar la Agencia de Transformación Digital, un organismo con atribuciones tan amplias como peligrosas: censura de contenidos, revocación de concesiones y regulación de publicidad sin supervisión judicial. Esta reforma no solo plantea la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sino que centraliza el control estatal sobre los medios digitales, permitiendo monitoreo masivo, geolocalización y el bloqueo de plataformas a discreción gubernamental.
¿Un golpe a la inversión digital?
Más allá del evidente riesgo a la libertad de expresión, esta ley podría representar un retroceso económico para México. Se estima que la sobrerregulación generaría una caída de 76 mil millones de pesos en inversiones digitales, afectando a empresas tecnológicas, emprendimientos digitales y servicios en línea.
El mayor problema radica en la incertidumbre jurídica que esta ley impondría. Las grandes plataformas digitales—incluyendo redes sociales, servicios de streaming y comercio electrónico—podrían ver afectada su operación si el gobierno tiene facultades para bloquear contenido y servicios sin justificación clara.
Además, la eliminación del IFT implicaría una concentración de poder sin precedentes en materia de telecomunicaciones, afectando a pequeños inversionistas y emprendedores que dependen de la autonomía regulatoria del mercado digital.
¿Un modelo de censura importado?
Las comparaciones con regímenes autoritarios no se han hecho esperar. México, un país con una historia de lucha por los derechos civiles y la libertad de prensa, ahora enfrenta el riesgo de caer en una estructura de vigilancia que recuerda prácticas de gobiernos que han utilizado la censura como herramienta para silenciar a sus críticos.
Expertos en derechos digitales han advertido que el monitoreo masivo y el control estatal sobre plataformas podría abrir la puerta a un uso discrecional del poder, permitiendo el silenciamiento de voces incómodas y la manipulación de la información. Esto no solo afectaría a medios y periodistas, sino también a ciudadanos comunes que dependen de redes sociales para expresarse libremente.
El impacto internacional también es relevante. La aprobación de esta ley podría generar conflictos con el T-MEC, afectando las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, que han expresado preocupaciones sobre la concentración del control digital en el Estado mexicano.
La respuesta política y social.
Ante el rechazo de diversos sectores, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto una revisión del artículo polémico y la apertura de un debate con especialistas en el Senado. Este aplazamiento de la votación responde a la creciente presión social, pero ¿será suficiente para frenar la intención de controlar el discurso digital?
Organizaciones civiles, periodistas y líderes digitales han intensificado su presión contra la reforma, argumentando que no se trata de una simple regulación, sino de una herramienta de control político disfrazada de modernización digital.
¿El tijeretazo será definitivo?
La aprobación de esta ley tendría consecuencias irreversibles. Si el Congreso la aprueba sin modificaciones sustanciales, México podría entrar en una nueva etapa de regulación digital, en la que el gobierno definiría qué se puede decir, compartir y consumir en línea.
El tijeretazo ha sido anunciado, pero el filo de la resistencia aún puede evitar el corte definitivo. La pregunta es si la sociedad civil, medios independientes y líderes digitales lograrán contener el avance de esta reforma antes de que sus efectos sean irreversibles.
