El Tijeretazo Político
Joaquin Bojorges
Las reformas judiciales han sido un tema recurrente en diversas democracias, algunas con avances tangibles y otras con resultados cuestionables. México no es la excepción. Con la reciente elección de jueces y magistrados mediante voto popular, el país se adentra en un modelo que busca acercar el Poder Judicial a la ciudadanía. Sin embargo, esta transición no está exenta de interrogantes sobre la independencia judicial y la concentración de poder.
La baja participación ciudadana en las elecciones judiciales—apenas entre el 12.57% y el 13.32%—ha generado dudas sobre su legitimidad y eficacia. La Suprema Corte de Justicia, ahora con una mayoría de mujeres y una reducción en el número de ministros de 11 a 9, enfrenta el reto de demostrar su autonomía en un contexto donde el partido en el poder tiene influencia significativa.
Este fenómeno no es exclusivo de México. Países como Bolivia han probado el modelo de elección directa de jueces desde 2011, pero la falta de participación ciudadana y los cuestionamientos sobre la independencia judicial han puesto en duda su funcionalidad. En contraste, España y Chile han implementado reformas que han mejorado la eficiencia y transparencia del sistema judicial, mientras que Estados Unidos mantiene un esquema de elección popular en 43 estados, aunque con críticas sobre la politización de la justicia.
En México, el debate se centra en si esta reforma judicial representa un avance democrático o un riesgo de concentración de poder. La historia ha demostrado que la independencia del Poder Judicial no se garantiza solo con una elección popular, sino con mecanismos que aseguren transparencia, participación efectiva y autonomía real.
El tijeretazo está hecho, y ahora queda por verse si la estructura judicial resistirá los embates del poder o si quedará al servicio de intereses políticos. La verdadera prueba comienza cuando los jueces y magistrados elegidos comiencen a dictar sentencia.
Si los magistrados obedecen las órdenes del gobierno en turno, la independencia del Poder Judicial se vería comprometida, lo que podría tener varias consecuencias graves:
▪️1. Debilitamiento del Estado de derecho: La justicia perdería su imparcialidad, favoreciendo decisiones alineadas con los intereses del Ejecutivo en lugar de garantizar el cumplimiento de la ley.
▪️2. Mayor concentración de poder: Un Poder Judicial subordinado al gobierno permitiría que el Ejecutivo tome decisiones sin contrapesos, lo que podría derivar en un régimen autoritario.
▪️3. Desconfianza ciudadana: La percepción de que los jueces y magistrados no actúan con autonomía podría erosionar la confianza en las instituciones judiciales, afectando la legitimidad del sistema.
▪️4. Afectación a derechos y libertades: Sin un Poder Judicial independiente, los ciudadanos tendrían menos garantías de protección ante abusos de autoridad o decisiones arbitrarias.
▪️5. Impacto en inversiones y economía: La falta de certeza jurídica podría ahuyentar inversiones nacionales e internacionales, afectando el desarrollo económico del país.
México Evalúa ha señalado que la reforma judicial y la elección de jueces han evidenciado la fragilidad del Estado de derecho en el país.
La clave estará en si los magistrados electos logran mantener su independencia o si terminan respondiendo a intereses políticos.
¿Qué implicaciones tendrá esta reforma en el equilibrio de poderes? El tiempo lo dirá.
