En un arranque de año que redefine la dinámica de poder en la entidad, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco ha confirmado el avance sustancial de tres solicitudes de mecanismos de participación ciudadana que sitúan al transporte público y a la gobernanza digital en el centro del tablero político, así lo explicó a través del comunicado IEPCJ/DCS/Boletín de prensa 005/2026.
Este movimiento técnico-jurídico no es menor; pues representa una activación sin precedentes de las herramientas de democracia directa frente a decisiones del Poder Ejecutivo, marcando un hito en la relación entre la ciudadanía, el Congreso local y las instituciones electorales en este 2026.
La relevancia política de este proceso radica en la presión directa hacia el Ejecutivo Estatal tras el polémico aumento a la tarifa del transporte público decretado el 26 de diciembre pasado. Por un lado, la ciudadanía ha logrado movilizar más de 20 mil firmas —combinando plataformas digitales y formatos físicos— para exigir un referéndum que podría revertir el alza tarifaria.
El hecho de que estos registros ya se encuentren en manos del Instituto Nacional Electoral (INE) para su validación pone a prueba la eficacia de la Ley de Cultura para la Gobernanza, obligando a los actores políticos a considerar la opinión popular como un factor vinculante y no solo consultivo.
Sumado a esto, el debate sobre la privacidad y el uso de datos personales como parte del proceso para obtener un plástico bancarizado para conseguir un subsidio ’condicionado’, ha escalado a la arena electoral a través de una solicitud de plebiscito.
Esta busca cuestionar el condicionamiento del subsidio al transporte mediante el uso exclusivo de la "Tarjeta Única", vinculada a la empresa Broxel, de referencias no muy positivas.
Políticamente, esto traslada la discusión técnica de movilidad a una esfera de derechos ciudadanos y transparencia en el manejo de datos, desafiando las políticas de modernización del gobierno actual emecista que, según los solicitantes, no solamente excluyen, sino que discriminan a quienes optan por otros métodos de pago.
Finalmente, el escenario se torna aún más complejo con la entrada del Legislativo al conflicto.
El Congreso del Estado ha formalizado su propia solicitud de referéndum sobre el mismo aumento tarifario, lo que evidencia una fractura o, al menos, un distanciamiento político entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Esta confluencia de esfuerzos —ciudadanos y parlamentarios— coloca al IEPC como el árbitro crucial en un momento donde la legitimidad de las políticas públicas de movilidad está bajo un escrutinio social riguroso.
El avance de estos expedientes asegura que la agenda política ’Al estilo Jalisco’ durante los próximos meses no será dictada únicamente desde las oficinas gubernamentales, sino desde las urnas y la participación popular.
