El Tijeretazo Político
Joaquín Bojorges
Los dos principales lemas de campaña de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) por los que ganó la presidencia de México fueron ’Por el bien de todos, primero los pobres’ y ’acabar con la corrupción’, este último fue el que impactó a la población y con ello se produjo que en el 2018 un poco más de 30 millones de mexicanos creyeran en sus propuestas y votaran por él convencidos que se generaría un cambio en el país que redituaría en la disminución de la pobreza. Sin embargo, después de cinco años las políticas gubernamentales lejos de disminuir la corrupción la han perpetuado ya que, de acuerdo a Transparencia Internacional, México por cuarto año consecutivo mantuvo una calificación de 31 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), considerado el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público, en el que 0 representa la mayor corrupción y 100 la menor.
Nuestro país, según los datos del organismo internacional, califica por debajo de Cuba y Trinidad y Tobago con 42 puntos, Colombia con 40 puntos, Argentina con 37 puntos, Brasil con 36 puntos, Republica Dominicana y Panamá con 35 y 34 puntos respectivamente.
Es un hecho que, ninguno de los casos públicos de corrupción gubernamental ha tenido sentencias judiciales definitivas como: la Estafa Maestra, en donde se desviaron cerca de siete mil millones de pesos; Agronitrogenados-PEMEX, en el que no se han justificado 200 millones de pesos; y en el caso de SEGALMEX-DICONSA-LICONSA en donde se estima un desfalco a la nación por 9,500 millones de pesos.
Pero hay otros hechos de corrupción que se han denunciado públicamente y, hasta el momento, las acciones del gobierno para castigar tales delitos se mantienen inocuas, como los 32 casos, en el 2023, que investigó y reportó ’Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) , entre los que destacan el plagio de las tesis de licenciatura y doctorado la ministra de la Suprema Corte de Yasmín Esquivel, dados a conocer por El País; los 83,000 millones de pesos de irregularidades que detectó la revisión de la Cuenta Pública de 2021 de la Auditoria Superior de la Federación, de los cuales 43, 000 millones siguen sin aclararse como las irregularidades por 830 millones de pesos en la Secretaría de Educación Pública en el periodo de Delfina Gómez; 1,192 millones que no se han determinado en que se gastaron en el Tren Maya; 384 millones por contratos de la refinería de Dos Bocas; y miles de pagos indebidos de los programas sociales para discapacitados, adultos mayores, Sembrando Vida, becas Benito Juárez, entre otros.
Así como: el reportaje de En Punto, en donde se dieron a conocer videos de dos integrantes del gabinete de la gobernadora Layda Sansores y la senadora Roció Abreu, quienes recibieron dinero en efectivo, un mes antes de las elecciones para gobernador de Campeche; los moches en el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) por 2,000 millones y cobrarles a sus trabajadores el 30 % por dejarlos trabajar; el uso de 14,957 nombres de personas muertas para la consulta democrática de la renovación del mandato en el 2022; la contratación en el Estado de México de empresas fantasmas por 5,000 millones; el desvió de recursos, hasta el 2022, en el Esquema Ponci por 6,000 millones; los más de 490 millones procedentes del INSABI que terminaron en una empresa que no cumplía la regularización sanitaria que es propiedad de uno de los amigos de Andrés López Beltrán (hijo de Obrador), entre otros casos.
Amlo solamente ha reconocido un caso de corrupción durante su gobierno, este es el de SEGALMEX-DICONSA-LICONSA y, una de las medidas para acallar la critica de la oposición, como él la llama, ante un estudio de MCCI que documentó que el gobierno federal ha incumplido el 78 % de las acciones que son su responsabilidad en la política Nacional Anticorrupción, es enviar en abril del 2023 la propuesta de iniciativa de ley la eliminación de la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción.
Al respecto Transparencia Mexicana ha señaló que: ’Aunque se abren cientos de carpetas de investigación por posibles actos de corrupción, las sanciones no llegan. Tampoco se han recuperado los activos desviados o se ha conducido una apropiada reparación de daño para las víctimas. De hecho, el Estado mexicano no reconoce a los ciudadanos y contribuyentes del país como víctimas en las tramas de corrupción que han sido documentadas y expuestas ante la opinión pública’.
El pueblo de México creyó, como Amlo, que la corrupción es el principal obstáculo para reducir la desigualdad y pobreza entre los mexicanos y que su eliminación representaría la igualdad de oportunidades para todos y el desarrollo social de las comunidades, sin embargo, la concepción de que la corrupción genera todos los males sociales en nuestro país es errónea y por ello cualquier política gubernamental para acabarla fracasará e inclusive la perpetuará, pues su origen es la inequitativa distribución de la riqueza social y lo que hay que hacer, como lo ha señalado desde hace 10 años el ingeniero Aquiles Córdova Moran, dirigente del Movimiento Antorchista, es impulsar un cambio estructural en la economía que dé como resultado, al distribuir equitativamente la riqueza, la creación de fuente de empleos formales para todos, la implementación de salarios bien renumerados, una política fiscal progresiva que cobre impuestos sobre el ingreso y destinar el gasto social en la construcción de obras y servicios en beneficio de la población humilde.
