El Tijeretazo Político
Joaquín Bojorges
A mi gran amigo, Doctor Emiliano Carrillo Carrasco que desafortunadamente falleció ayer. Que el creador lo tenga en su Santa Gloria.
Hablemos sobre La historia de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, que para muchos analistas políticos es el retrato de una impunidad que se arrastra por años y que hoy se exhibe en los titulares como prófugo internacional. Designado por Adán Augusto López Hernández en 2019, Bermúdez fue señalado desde entonces por operar redes de protección al grupo criminal La Barredora, una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. A pesar de los reportes filtrados por Guacamaya Leaks y las advertencias de inteligencia militar, se mantuvo en el cargo hasta 2024.
Lo qué se sabe de acuerdo a medios especializados es que
- Tiene una orden de aprehensión desde febrero de 2025.
- Interpol emitió ficha roja para su captura.
- Se le ubica en Brasil, tras huir por Panamá y España.
- Es identificado como ’Comandante H’ en documentos de Sedena.
Pero lo más inquietante no es su fuga, sino el silencio que la precedió.
Se dice que la Fiscalía General de la República (FGR) sí abrió una carpeta de investigación y giró la orden de aprehensión. Sin embargo, la tardanza en ejecutar la orden permitió que Bermúdez escapara del país. La presidenta Claudia Sheinbaum lo reconoció públicamente: ’Aunque haya carpetas de investigación, a veces no se otorga la orden de aprehensión o se libera a los delincuentes’.
Este desfase entre la investigación y la acción judicial revela una falla estructural: la justicia llega tarde, cuando ya no hay a quién detener. Y aunque el gabinete de seguridad promete transparencia, la ciudadanía sigue esperando explicaciones concretas sobre por qué no se actuó a tiempo.
Por lo que surge la pregunta ¿Y Adán Augusto? Hasta ahora, no hay una investigación formal contra el exgobernador. Morena ha insistido en que no hay protección para nadie, pero el hecho de que Bermúdez haya sido su colaborador cercano y que los vínculos fueran conocidos desde 2021, plantea una pregunta incómoda: ¿cuál es el grado de responsabilidad política indirecta?
Mientrasque la presion politica que ejerce el gobierno estadounidense mantiene la narrativa internacional de "un narcogobierno".
En este contexto, las declaraciones de Donald Trump desde la Casa Blanca no pasaron desapercibidas. Al promulgar la HALT Fentanyl Act, el presidente estadounidense afirmó que ’los cárteles tienen un tremendo control sobre México, incluyendo a políticos y funcionarios electos’. Aunque sus palabras responden a una estrategia electoral, reflejan una percepción internacional que México no ha logrado desmontar.
Trump fue más allá: pidió penas más severas, acusó al Cártel de Sinaloa de ser ’uno de los más duros’ y advirtió que ’las autoridades mexicanas están petrificadas’. En su narrativa, México aparece como un Estado capturado por el crimen organizado.
La fuga de Bermúdez no es solo un caso judicial. Es un espejo que refleja la fragilidad institucional, la lentitud de la justicia y la falta de voluntad política para enfrentar las redes de complicidad. Mientras el gobierno insiste en que ’no hay impunidad’, los hechos muestran que la impunidad se escapa por la puerta de atrás, con pasaporte en mano.
Y si el Estado no logra capturar a sus propios funcionarios acusados de corruptos, ¿cómo puede exigir respeto ante los señalamientos internacionales?
