El Tijeretazo Político
Joaquin Bojorges
El derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico vuelven a estar en la mira de quienes pretenden imponer límites al flujo de información y a la crítica pública. La reciente iniciativa presentada por el diputado morelense del Partido Acción Nacional, Gerardo Abarca Peña, que busca penalizar la llamada "difamación digital", es un claro retroceso en la lucha por la protección de los derechos fundamentales del gremio periodístico y de la sociedad mexicana en general.
Desde Mexicali, Baja California, en el marco de las sesiones de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE), se ha expresado un rechazo unánime a esta iniciativa, sumándose al pronunciamiento de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Morelos (APECOMOR). La propuesta no solo pretende criminalizar la expresión libre en plataformas digitales, sino que abre la posibilidad de persecución y encarcelamiento de comunicadores que incomoden a quienes ostentan el poder.
La iniciativa de reforma al artículo 163 del Código Penal de Morelos establece penas de prisión de hasta seis años y multas elevadas para quienes sean acusados de difamación digital, bajo términos ambiguos que dejan abierta la puerta al abuso legislativo. La historia nos ha enseñado que este tipo de disposiciones son utilizadas para silenciar voces incómodas y controlar la narrativa pública, afectando el derecho de la ciudadanía a estar bien informada.
Si bien es cierto que la propagación de información falsa puede tener repercusiones en la reputación y la vida de las personas, la respuesta no debe ser la criminalización de la expresión. La reparación del daño y la responsabilidad por calumnia deben quedar en el ámbito civil, evitando sanciones desproporcionadas que inhiban el libre ejercicio del periodismo. La prensa debe ser un pilar de la democracia, no un blanco de censura disfrazada de regulación.
Organizaciones nacionales e internacionales han luchado por la despenalización de los delitos de prensa, logrando avances significativos desde 2012, cuando se modificó la Ley Sobre Delitos de Imprenta a nivel federal. Sin embargo, todavía hay entidades en México que mantienen estas figuras jurídicas en su legislación local, lo que representa un riesgo constante para el ejercicio periodístico.
Desde el gremio periodístico organizado, la exigencia es clara: el Congreso de la Unión debe legislar para eliminar estos vestigios de censura y garantizar la plena libertad de expresión en todo el país. La iniciativa del diputado Abarca Peña es un intento más de restringir la información y castigar la crítica, en un contexto donde los periodistas ya enfrentan múltiples amenazas por el solo hecho de ejercer su labor.
Es momento de que los congresos estatales rechacen esta reforma y defiendan las conquistas que han permitido que la prensa mexicana continúe su papel fundamental en la construcción de una sociedad informada y democrática. No permitamos que los derechos fundamentales sean vulnerados por legislaciones retrógradas que buscan silenciar la verdad.
