En el marco del Día de los Derechos Humanos, organizaciones y víctimas recordaron que la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición siguen siendo una deuda pendiente en el caso del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 hombres y sobrevivieron 42 personas —27 hombres y 15 mujeres—.
A más de dos años de la tragedia, el proceso judicial continúa abierto. Existen siete causas penales en curso contra once imputados, entre ellos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), personal de la empresa de seguridad privada y personas migrantes. Aunque en septiembre pasado el ex comisionado de migración, Francisco G.Y., ofreció una disculpa pública, ésta fue considerada limitada y más cercana a un requisito legal que a un acto genuino de reconocimiento y respeto hacia las víctimas.
El juez que otorgó la suspensión condicional del proceso trasladó la organización del acto de disculpa a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), decisión que fue criticada por enviar el mensaje de que el Estado asume responsabilidades que corresponden directamente al ex titular del INM. Las víctimas reiteraron que la disculpa pública fue solo una de las medidas ordenadas y que aún está pendiente garantizar la reparación integral, cuya revisión se programó para septiembre de 2026.
Mientras Francisco G.Y. enfrenta únicamente cargos por ejercicio ilícito del servicio público, otros imputados han sido acusados de homicidio y lesiones, lo que evidencia desigualdades en el acceso a la justicia. Además, el proceso de responsabilidad patrimonial del Estado permanece en etapa inicial ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin respuesta formal del INM y con la inclusión parcial de las víctimas.
Organizaciones y representantes exigieron que las 15 mujeres sobrevivientes sean reconocidas como víctimas, lo que les permitiría participar plenamente en los procesos penales y acceder a medidas de reparación como atención médica, apoyo psicológico y compensación económica. También insistieron en que las familias de los fallecidos y sobrevivientes reciban reparaciones integrales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2023 la Recomendación 111VG/2023 por graves violaciones a los derechos humanos, dirigida a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y al entonces comisionado del INM. Sin embargo, a la fecha no se conocen avances en su implementación.
En este Día de los Derechos Humanos, las víctimas y sus representantes subrayaron que el Estado mexicano mantiene responsabilidades pendientes y que cada paso hacia la verdad, la justicia y la reparación integral es indispensable para dignificar a quienes sufrieron la tragedia. ’Ninguna persona, independientemente de su nacionalidad, debe morir por buscar mejores condiciones de vida, mucho menos por no abrirles una puerta’, señalaron.
